La legisladora justicialista Jessica Ayala presentó un proyecto de ley de reforma parcial del Código Civil y Comercial del Chaco, juntos a sus pares Liliana Spoljaric y Elda Insaurralde a fin de adecuarse a los momentos de emergencia que atraviesa el sector profesional, donde por el aislamiento social obligatorio debido a la pandemia, es necesario avanzar en la incorporación de herramientas electrónicas para que las partes puedan notificarse en un justo proceso.

La autora del proyecto parlamentario se hizo eco a partir de la inquietud planteada por el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia para que los profesionales en ejercicio del servicio de justicia, puedan cumplimentar las notificaciones a través de soporte digital.

A quienes destacó “la colaboración mutua que siempre han acompañado y trabajado en forma conjunta”.

La diputada Ayala indicó que la modificación parcial al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco, Ley número 2559-M, “busca la incorporación de la notificación electrónica de otros casos que hoy no se encuentran previstos, con la finalidad de asegurar que los procesos judiciales puedan continuar su progreso sin poner en riesgo a las personas que deben intervenir cada vez que en esos casos debe producirse la notificación por cédula `física´ que rige en la actualidad”.

La diputada señaló que la iniciativa “surge de la necesidad de adecuarlo a los momentos de emergencia que atravesamos los ciudadanos y sobre todo los trabajadores que ejercen la profesión, donde rige un estado de aislamiento social obligatorio, con el fin de combatir la pandemia declarada a nivel mundial por el virus denominado COVID-19, permitiendo la realización de notificaciones electrónicas a través de la reforma legislativa que proponemos y que tiene por objeto proveer de una herramienta eficaz para la continuidad de los procesos judiciales en este extraordinario momento de emergencia”.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Ayala explicó que “se trata otra vez de recurrir a la ponderación para encontrar una solución que permita salvar al mismo tiempo dos intereses que puedan mostrarse contrapuestos o, por lo menos, de difícil realización y satisfacción conjunta: por un lado, la necesidad de que los procesos judiciales continúen sin afectación de las condiciones de certeza y de respeto al principio de defensa en juicio que son esenciales para su validez formal y sustantiva”.

Además –agregó la diputada oficialista- “al mismo tiempo necesitamos preservar la salud colectiva e individual que hoy puede ponerse en riesgo cada vez que el proceso judicial imponga para realizar alguno de sus actos procesales la presencia física, en este caso de las notificaciones de los profesionales abogados y abogadas o sus asistentes que deben concurrir a las oficinas judiciales para presentar las cédulas físicas, como de los oficiales de justicia y el personal administrativo que participa del diligenciamiento de estos recaudos dentro del Poder Judicial”.

La autora del proyecto agregó: “La forma que encontramos para atender estos pares de derechos e intereses al mismo tiempo consiste en permitir que puedan notificarse electrónicamente los traslados de documentos en la medida que puedan digitalizarse de modo legible (por eso incorporamos el inciso 16 en el art. 155 del Código Procesal Civil y Comercial”.

Por último – “la reglamentación debe ser delegada en el Superior Tribunal y que el Poder Judicial del Chaco ya cuenta con un sistema de notificaciones electrónicas que resulta eficaz y de vanguardia, con un ingente trabajo de la Dirección de Tecnologías de la Información que permanentemente actualiza o incorpora nuevos servicios digitales para facilitar o acelerar el proceso judicial, por lo que resulta mejor estar a su intervención técnica”.