La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una reforma clave al Código Contravencional que endurece severamente las sanciones contra la actividad ilegal de los cuidacoches y limpiavidrios en el espacio público porteño.

La iniciativa, fuertemente impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, introduce penas efectivas de cárcel que pueden alcanzar los 60 días para los cabecillas de las organizaciones que coordinan este negocio ilícito, marcando un cambio de estrategia frente a las históricas multas económicas que resultaban prácticamente incobrables.

El proyecto se convirtió en ley gracias al respaldo legislativo de los bloques del PRO, la UCR y La Libertad Avanza, mientras que los representantes del peronismo manifestaron su rechazo.

La nueva normativa establece una escala de sanciones según el grado de participación y el contexto: las personas que ejerzan la actividad de manera individual en cualquier calle porteña se enfrentarán a penas de 10 a 30 días de arresto.

Por su parte, para quienes actúen en bandas organizadas durante eventos masivos como recitales o partidos de fútbol, el castigo se elevará a un rango de entre 20 y 50 días de detención.

La máxima penalidad de 60 días de prisión efectiva está dirigida de forma estricta a los organizadores y líderes del negocio. Además, las penas previstas se duplicarán de forma automática ante cualquier situación constatada de acoso, violencia o extorsión hacia los propietarios de los vehículos.

Las restricciones para el control en espectáculos masivos también sumaron rigurosidad, ya que la prohibición de operar comenzará a regir desde seis horas antes del inicio del evento y hasta tres horas posteriores a su finalización, ampliando la cobertura legal a un radio de 50 cuadras a la redonda del lugar donde se desarrolle la convocatoria.

El endurecimiento normativo también alcanza de manera directa a los clubes e instituciones deportivas o culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

Si la investigación judicial demuestra que estas entidades tienen algún tipo de connivencia o vinculación con las mafias de los cuidacoches, se exponen a severas multas económicas de hasta 20 millones de pesos y a clausuras de sus instalaciones por un plazo máximo de 90 días.

Tras la sanción de la norma, Jorge Macri celebró el resultado de la votación asegurando que con esta herramienta se busca terminar con delincuentes que extorsionan a los ciudadanos y se creen los dueños de la calle. En contraste, desde la oposición cuestionaron la efectividad real de la reforma.

Dirigentes parlamentarios señalaron que muchas de las sanciones punitivas ya existían en la legislación previa y argumentaron que el verdadero problema radica en las fallas de aplicación de las políticas públicas y en la presunta participación de sectores de la propia Policía en el entramado del negocio callejero.