Armando Frangioli, titular de Aclysa, aseguró que el organismo nacional se aprovechó de un cambio en la cautelar que hacía las veces de “escudo” para los prestadores, y les pagó un 60 por ciento menos sobre los servicios ya prestados en los meses de julio y agosto.
El presidente de la red de prestadores que nuclea a 44 establecimientos sanatoriales en toda la provincia calificó de “injusta” la transferencia al sector privado de los costos de la atención de los ancianos, y adelantó que en caso de no obtener respuesta oportuna por parte de la Justicia, ante la que ya se impugnaron los ajustes operados unilateralmente por PAMI, suspenderán los servicios al organismo.
Frangioli expresó el malestar de los socios de Aclysa por “la reiteración de viejas prácticas” del PAMI al realizar ajustes presupuestarios mediante recortes realizados a las facturas de los prestadores privados de julio y agosto, “superiores al 40 %, lo cual implica que ha optado por pagar solo el 60 % del total de las prestaciones efectivamente brindadas a favor de sus afiliados, transfiriendo a los efectores privados el costo de la atención de salud que en verdad es su responsabilidad como entidad de la seguridad social”.
El problema es que las reducciones de los créditos se efectuaron meses después de que los servicios de atención a los abuelos se habían brindado, y esto se hizo pese a la existencia de una acción judicial que estaba vigente y había impedido hasta ese momento la reiteración de la práctica de los ajustes y otros incumplimientos. Según Frangioli, hubo un “cambio de ejecución de la medida cautelar” en el que se permitió “el nuevo abuso contractual de la obra social”.
“A la fecha esos ajustes fueron impugnados en el proceso judicial”, precisó, por lo que ahora corre el reloj y los prestadores esperarán “un tiempo razonable” el pronunciamiento de la Justicia.
“En caso de no obtener respuesta oportuna no nos quedará otra vía más que adoptar la medida de hecho de suspensión de los servicios, ante la imposibilidad de afrontar los costos que implica brindar atención a la salud del sector poblacional más lábil y por tanto, que más lo necesita, sin recibir a cambio la contraprestación proporcional que en gran parte se destina a solventar el gasto que permite esa atención”.
Finalmente, el dirigente consideró “injusto” que los costos que demanda la adecuada atención de la salud de los ancianos “sufra un ajuste brutal” que se transfiere al sector privado, cuando es responsabilidad del Estado Nacional, y en particular del INSSJP PAMI.
