La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal y dispuso, en consecuencia, que continúe la investigación sobre el titular del Juzgado Federal n°1 de esa jurisdicción, Carlos Vicente Soto Dávila, en el marco de una causa donde se encuentra imputado -conjuntamente con funcionarios del juzgado a su cargo- por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.

Con la integración de las juezas Selva Spessot, Mirta Sotelo y María Delfina Denogens, el tribunal revocó así la resolución de primera instancia que había rechazado parcialmente el requerimiento de instrucción del fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal federal Flavio Ferrini, al considerar que que no existían «requisitos objetivos mínimos» para atribuir responsabilidad a Soto Ávila.

En su fallo, el tribunal de alzada calificó como «notoriamente prematuro» el criterio adoptado por el juez de primera instancia, y afirmó que existen elementos que dan sustento a «la viabilidad de una trama delictiva que amerita una acabada investigación a fin de desentrañar las eventuales responsabilidades en los sucesos denunciados».

Asimismo, los jueces advirtieron sobre los siete meses transcurridos desde la concesión del recurso de apelación (octubre de 2016) y la efectiva elevación del expediente al Tribunal (mayo de 2017), por lo que encomendaron al magistrado interviniente «que evite reiterar a futuro» situaciones que redunden «en detrimento de una buena administración de justicia».

A la fecha, el resto de las personas acusadas por el MPF se encuentran procesadas por falsedad ideológica y cohecho.

La causa

En su presentación de octubre de 2016, Schaefer y Ferrini solicitaron investigar a Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si -de forma organizada y mancomunada- realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.

En junio de 2016, Fernández sostuvo haber adquirido el referido vehículo de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperarlo. Ante ello, la fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández. Sin embargo, antes de que se proveyera la presentación de la fiscalía, la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, antes de ser notificados los citados a audiencia, comparecieron “espontáneamente” a declarar en el Juzgado.

Ante ello, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de El Dorado, Lilian Delgado, para que entreviste a Gauto, quien negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración. También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la AFIP respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.

En base a las pruebas recolectadas, los fiscales concluyeron que los imputados idearon y ejecutaron un plan con el objetivo de poder recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez, en el marco de la causa N° 1200024/12 del registro de la Secretaría Penal 2 del Juzgado 1 de Corrientes.

«En este sentido, se ha acreditado que se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Sr. GAUTO) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama como el de la incidencia», señalaron en su requerimiento de instrucción. «Es decir: necesariamente los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado referenciado tenido como objeto en las maniobras de lavado de activos mencionados», agregaron.

Recurso de apelación

El juez de primera instancia, si bien reconoció la presumible comisión de una estafa procesal tendiente a la recuperación de un vehículo secuestrado en una causa penal -lo que podría dar inicio a la investigación acerca de la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento- señaló que la investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal no permitía atribuir -provisoriamente- las figuras de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento en cabeza del titular del Juzgado Federal n°1 de Corrientes, donde tramita la incidencia de restitución.

Los fiscales Ferrini y Schaefer, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), apelaron tal resolución, bajo el argumento de que efectuaba un recorte arbitrario respecto de los eventuales responsables por la comisión de aquellos delitos. “El deslinde de responsabilidades deberá darse con el avance de la investigación y no ex ante como pretende el magistrado”, sostuvieron los fiscales. “Al margen de ello, el intento por desvincular a una persona en esta instancia procesal, me refiero al inicio de la instrucción, resulta a todas luces prematuro y exterioriza una posición frente a los hechos que deberá evaluarse a la luz del concepto de ‘prejuzgamiento’ por temor fundado de parcialidad”, fundamentaron.

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes convalidó los argumentos del MPF y revocó el rechazo parcial del requerimiento de instrucción formal en cuanto a la imputación de Soto Dávila, disponiendo así la continuación de la investigación a su respecto.

El tribunal resolvió además tener por inhibido al juez de cámara Ramón Luis González para continuar entendiendo en la presente causa.

Fuente: (Diario Norte)