Desde el Consejo Directivo de la entidad ratificaron su oposición a la creación de una “escribanía municipal” en la capital chaqueña porque “implicaría gravísimo desmedro a las incumbencias de los escribanos a cargo de los Registros Provinciales”.

Tras los cuestionamientos por parte del extitular del Colegio, Heriberto Regojo, hacia la “llamativa quietud” del Consejo Directivo sobre la inminente creación de registros notariales especiales en Resistencia, desde la institución desmintieron dicha versión y lamentaron que “mientras casi 400 notarios de toda la provincia están haciéndole frente a la pandemia de coronavirus, un expresidente esté en plena campaña electoral”.

“El Colegio de Escribanos analizó en profundidad y rechazó de manera enfática y categórica la puesta en funcionamiento de la Escribanía Municipal de Resistencia, porque si bien está contemplada en la Carta Orgánica, en principio es inconstitucional”, apuntaron Eda González y Celia Nilda Aquino de Alegre, presidenta y secretaria del organismo respecto a un debate que tuvo lugar en el seno de la institución, y del que también participó Regojo, aunque “el colega lo desconoce por haberse retirado de la reunión explicativa, conforme su actuar de permanente falta de respeto hacia esta presidencia y el resto de los colegiados”.

“Los Registros Notariales Especiales siempre implicaron e implicarían gravísimo desmedro a las incumbencias de los escribanos a cargo de los Registros Notariales Provinciales, siendo éste el meollo o problema central que nos preocupa y ocupa”, abundaron y recordaron que la postura formal de la institución, ratificada “por consenso de una abrumadora mayoría de asociados”, ya fue remitida a las autoridades provinciales y municipales con quienes, no obstante, se mostraron dispuestas a tener un diálogo constructivo.

“No vamos a controvertir sobre las posiciones políticas de un candidato, porque son cuestiones que valorarán los colegas al momento de votar”, aclararon, aunque consideraron necesario “responder a las afirmaciones tendenciosas, falsas y que apuntan a desestabilizar a la institución”.

En ese sentido, advirtieron que “se puede ser firmes sin ser condescendientes”, y que en lugar de enfrentarse a las autoridades “bastaría la suscripción de un convenio”.

Regojo también se había referido a una “ocupación ilegítima de cargos por mandatos caducos” del actual Consejo Directivo, postura que refutaron: “Fue la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia la que ratificó la prórroga de los actuales mandatos dadas las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por coronavirus, algo que fue informado en las sesiones extraordinarias de la institución de las que participó el colega”.