El debate en torno al acceso a un aborto legal, seguro y gratuito no terminó en agosto pasado cuando en el senado se alzó el “no” con 38 votos a 31.

Esto todavía genera dolor de cabeza dentro del gobierno, que no pretende debatir este año el tema en las cámaras, pero que podría deslizar una modificación cuando se trabaje sobre el código penal.

Lo concreto es que por primera vez el Estado licitó a nivel nacional la compra de 8 mil unidades – 96 mil dosis – de misoprostol, desarrollado por el Laboratorio Domínguez con una finalidad obstétrica para distribuir en todo el país y lo utilizará para los casos en que corresponda el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

“Hay varios municipios que hace años que vienen comprando. La diferencia es que ahora se va a proveer desde nación a todas las provincias. Es un gran avance, aunque la cantidad es poca para garantizar las ILE en todo el país”, explica Estefania Cioffi, médica generalista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

El valor total de la licitación es de $14.9 millones – $1867 por cada caja – y se utilizará únicamente en dos casos, estipulados desde 1921, en el código penal: «con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios»; o si «el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».

El debate en torno al aborto legal, seguro y gratuito genera divisiones en torno a dos principales posturas. La droga en cuestión que se comprará es MISOP 200, que fue aprobada en julio del año pasado y tiene una finalidad ginecológica. “Antes el estado compraba oxaprost, que funciona para interrupciones de embarazos, pero que no tiene ese finalidad ya que está asociado al diclofenac”, explica Cioffi.

“Está es la primera vez que el estado compra misoprostol puro”, explica una fuente cercana a la licitación.

En el propio prospecto de la droga se aclara que, por un lado, “la dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos que produzcan una respuesta uterina satisfactoria” y que “debe ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”.

 “Estoy segura que tiene que ver con la lucha que hace años venimos dando y con la masividad que tomó el año pasada la marea verde y que a pesar de los ajustes en salud y de la desjerarquización de ministerio, avanzamos en este tipo de cosas”, concluye con una observación a tinte personal Cioffi.