Valeria Romero, abogada y miembro de la entidad fundamentó el apoyo a Silvina Canteros y Julio García para ocupar los cargos de defensor del Pueblo tanto titular como adjunto, teniendo en cuenta la paridad de género. Sin embargo, opina que si se eligen dos mujeres para las funciones «no sería desacertado».

Valeria Romero es abogada e integrante de la organización Justicia Legítima Nordeste. En diálogo con Radio Provincia comentó que desde la entidad oficializaron su apoyo a dos candidatos a ocupar el cargo de titular y adjunto de la Defensoría del Pueblo: Silvina Canteros y Julio García

En concordancia, aseguró que la decisión se basa en que se trata de dos integrantes de la organización «con larga trayectoria en la militancia por los derechos humanos, sectores vulnerables e indígenas que no pueden acceder a la Justicia».

 «Para nosotros el Instituto del Defensor del Pueblo, que promovemos que se llame Defensoría del Pueblo para evitar la inclinación al género masculino», comentó.

En esos términos aseguró que estos dos candidatos, «tienen esa capacidad y sensibilidad de peticionar en nombre de un colectivo. Ambas personas trabajaron en la presentaciones judiciales de personas que no pueden acceder a la Justicia». 

«Como es el caso de personas a las que les subieron la luz y no pueden pagar, como a los que les aumentan el boleto», agregó.

«Apoyamos un hombre y una mujer, a la hora de elegir les decimos a los diputados que hasta ahora no hubo mujeres en los cargos, a lo largo de estos dos periodos de existencia», aseveró.

Para Romero, «la desigualdad entre el hombre y la mujer es estructural. Llegamos tarde a la función pública porque hasta hace unos años ser mujer y estar en la función pública estaba mal visto. Con dos mujeres en la Defensoría, podemos desandar y corregir ese camino».

«Desde la organización entendemos que la línea va por la paridad (por eso escogen a Canteros y García). Pero en este caso, en los 8 años de la Defensoría -dos gestiones- nunca tuvo mujeres en la conducción, por lo que no estaría mal que sean dos mujeres las que la conduzcan», aseveró. Además, indicó que el perfil de las figuras elegidas «tiene que incluir la perspectiva de género, que entienda las desigualdades que existen hacia las mujeres y colectivos trans».

¿Qué es Justicia Legítima?

Justicia Legítima es una Asociación Civil que reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina. Valeria Romero integra la organización en su división Nordeste.

En su página web, aseguran que «con la recuperación de la democracia, muchas instituciones han modificado su estructura y prácticas de trabajo. La justicia, sin embargo, se ha mantenido al margen de todo este proceso, reproduciendo un discurso hermético, endogámico y corporativo».

Justicia Legítima impulsa una «justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la justicia con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales».

El perfil de los candidatos

Silvana Canteros y Julio García. Fotos gentileza, montaje.

En una nota donde expresan el apoyo de la entidad, exponen el perfil de Canteros como el de García y su trayectoria.

Así, informan que Canteros fue coordinadora del Área Protección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos; patrocinante ante Naciones Unidas por la Comunicación 1625/L.N.P. (Demanda Internacional a la Provincia y la Nación por violación a derechos de menores, étnicos y género); directora de la Dirección de las Mujeres del Chaco; coordinadora del programa “Chaco le dice No a las Violencias” Línea telefónica 137; coordinadora del Equipo de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas; abogada querellante en representación de la provincia del Chaco en Juicios de Lesa Humanidad, Causa Margarita Belén, Caballero, Ligas Agrarias; miembro y presidente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y miembro del Comité Nacional, entre otras tantas actividades.

En tanto, García es fundador y fue vicepresidente de la AADI (Asociación de Abogados de Derecho Indígena); miembro de RADA (Red de Abogados por el Derecho Ambiental); integra la Cátedra Libre de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho de la UNNE; abogado litigante en las causas sobre genocidio indígena, Rincón Bomba y Napalpí; jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Derechos Humanos y Garantías en UNCAUS; subsecretario de Promoción de Derechos Humanos del Chaco; impulsor de Diplomaturas en Derechos Humanos conjuntamente con la UNCAUS y de Programas de Formación en Derechos Humanos para la Policía de la Provincia del Chaco y el Servicio Penitenciario; especialista con posgrado en Cuestiones Ambientales; abogado en causas colectivas de defensa del bosque y sus habitantes; representante de la provincia del Chaco en el Caso Greco ante la CIDH y en el Caso LNP ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.