Se trata de Carlos Dalfredo, ex máxima autoridad de esa entidad pública, quien recibió una pena de seis años de prisión por fraude y falsificación de documentos, entre otros delitos. El máximo tribunal también rechazó tratar planteos de otros implicados en el expediente.

Tras desestimar el recurso de queja, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a seis años de prisión contra el ex rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Carlos Dalfaro, en una causa donde se comprobó la creación de carreras no autorizadas y la falsificación de documentos públicos que derivó en la entrega de títulos sin validez a una decena de ciudadanos españoles. Además, el máximo tribunal rechazó los planteos de otras personas condenadas en el mismo expediente.

Según se acreditó en las actuaciones, entre 2003 y 2005, autoridades de la UNaF suscribieron diferentes convenios con una serie de instituciones con el fin de ofrecer carreras que no habían sido previamente aprobadas. En ese contexto, se falsificaron documentos oficiales y se utilizaron fondos públicos y privados obtenidos de los acuerdos celebrados con las entidades locales y extranjeras. Estas acciones resultaron en la entrega de títulos “truchos” a distintos estudiantes, incluidos 17 certificados otorgados a españoles, lo que desencadenaría un escándalo educativo en la provincia y una investigación penal que más tarde culminaría con una serie de condenas.

En octubre de 2017, la Asamblea Universitaria de la UNaF, por 80 votos a favor y dos abstenciones, decidió separar de sus cargos a Carlos Dalfaro, entonces rector de la institución, y a Héctor Quijano, decano de la Facultad de Administración y Negocios, debido a su implicación en la emisión de los títulos falsos. Dalfaro fue posteriormente condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa a seis años de cárcel y se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas. Los cargos contra él incluyeron abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos públicos y peculado.

La defensa de Dalfaro, encabezada por el abogado Walter Alfredo Ávalos, recurrió la sentencia, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, rechazó el planteo. Ante esta decisión adversa, el defensor interpuso un recurso extraordinario federal que también fue desestimado. Finalmente, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de queja. Allí, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal resolvió desestimar la “presentación directa” tras considerarla “inadmisible” en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ese modo el fallo condenatorio quedó firme.

Los cuatro ministros de la Corte Suprema: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

En la misma causa, el Tribunal Oral de Formosa también condenó a Isabelino Idoyaga a tres años de prisión, a quien consideró coautor de fraude en perjuicio de la administración pública. Idoyaga, además de ser responsable de la asociación civil “Enseñar y Crecer” y de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) -Seccional Formosa-, ambas entidades involucradas en la maniobra con la UNaF, era cotitular de un inmueble cuyo alquiler fue abonado por la institución universitaria. Las irregularidades detectadas en estos pagos formaron parte de la evidencia que condujo a su condena.

A su vez, Eladio Marcelo Castro, otro de los implicados, recibió una condena a tres años y medio de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas tras ser hallado responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y partícipe necesario del ilícito de peculado. Castro compartía la misma representación institucional que Idoyaga, y su participación en la gestión irregular de fondos y la falsificación de documentos fue considerada central en la maniobra delictiva.

Al igual que en el caso de Dalfaro, las defensas de Idoyaga y Castro impugnaron sendas condenas ante las instancias judiciales superiores. Sin embargo, al llegar hasta el Máximo Tribunal, la Corte rechazó darle trámite a los cuestionamientos con la firma de sus cuatro jueces.