PRONÓSTICO EXTENDIDO

La Jueza Niremperger se declaró incompetente en la causa contra Aida Ayala por presunta defraudación

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La jueza Federal Nº 1 de Resistencia se declaró incompetente en la causa.

Según la actuación, Zunilda Niremperger esgrimió un argumento geográfico para correrse de la causa, ya que “la hipótesis presuntamente delictiva” se realizó en la Municipalidad de Quitilipi.

Las supuestas maniobras que se investigan se habrían realizado en épocas donde Aída Ayala se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional.

Con el apartamiento de la magistrada, el expediente pasará a la competencia del Juzgado Federal de Sáenz Peña, el cual comprende el territorio de Quitilipi.

Así las cosas, en el documento de Niremperger ya se ordenó que se remita el expediente al juzgado subrogado por Miguel Aranda y sea Gendarmería la fuerza que efectúe el traslado de las actuaciones junto con elementos secuestrados en la causa.

«Esta postura comparece con el fin de procurar una mejor actuación de la justicia, que permita que la investigación y el proceso se lleven a cabo en el lugar donde se produjeron los hechos investigados y donde se encuentran los elementos de prueba contribuyendo a una mejor eficiencia del proceso y economía judicial», agrega Niremperger en el documento.

LA CAUSA

Esta nueva causa, diferente de la que se conoce públicamente como Lavado II, nació en mayo del 2018 cuando la Justicia Federal ordenó hallanar una oficina de Matías Balamceda, ex yerno de Ayala.

En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, bajaba fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”.

“Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.

En abril de este año, Sabadini pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que «ha quedado acreditado que bajo dirección de la Sra. Aida Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación-, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Sr. Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.

Según se detalla en la actuación donde la Jueza se aparta del caso, la hipótesis que maneja la justicia es que «se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento; que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal».