Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad gozar del beneficio del 2×1, organismos de DDHH encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora repudiaron la decisión del máximo tribunal y advirtieron que «agotarán todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado».

En el marco de una conferencia de prensa de la que participaron diversos referentes políticos, sociales y de derechos humanos, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, afirmó que «el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores», ya que «de aplicar este nuevo criterio, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión».

«Un delito cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho», aseguró Carlotto sobre al robo de los bebés, uno de los crímenes más aberrantes llevados adelante durante la última dictadura cívico-militar y que se enmarca en esta normativa.

La dirigente de DDHH apuntó contra la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, quien junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti votaron a favor del 2×1 a genocidas: «Llama poderosamente la atención que vote en sentido opuesto a condenas anteriores en las que falló a favor de la verdad».

«Convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados que son la calve para garantizar la clave del nunca más», completó Carlotto.

A su turno,«Taty» Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, trazó una línea entre la decisión de la Corte y el proceso de diálogo abierto por la Iglesia que busca reunir a víctimas de la dictadura con familiares de exintegrantes de la fuerza: «Jamás nos vamos a reconciliar los organismos de DDHH y toda persona de bien que tiene memoria. Es muy triste como católica comprobar que una vez la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria».

«Ni reconciliación, ni perdón, queremos justicia legal, como siempre, jamás justicia por mano propia. Nos preocupa y nos duele porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos, es demostrar que no tienen memoria, no quieren tener memoria», detalló Almeyda.

Por su parte, Horacio Verbitsky, el periodista y abogado que preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que la ley del 2×1 se estableció a partir de 1994 como método para descongestionar el saturado sistema judicial argentino ante una serie de motines en diversos penales en reclamo del apresuramiento de las causas.

«Es evidente que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía porque para conseguir la libertad de los detenidos por lesa humanidad, recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dos aplicaciones», disparó finalmente.