El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes del país en la causa que investiga el envío de fondos de Nación a las comunas para llevar adelante un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRSU).
Bonadio investiga el plan desarrollado entre los años 2013 y 2015 por el que también están quienes se desempeñaron como jefes de Gabinete de la Nación en esa época, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich y Aníbal Fernández.
En ese sentido, avanzando con la causa el juez federal procesó a 92 intendentes y los embargó por tres millones de pesos.
Son varios los jefes y ex jefes comunales del Chaco involucrados: Claudia Panzardi (Laguna Blanca), Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo), Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio), Ángel Ernesto González (Capitán Solari), Francisco Winnik (La Escondida), Alfredo Pastor (Coronel Du Graty), Gustavo Steven (Santa Sylvina), Carlos Andion (Pampa del Infierno), Hugo Sager (Tirol), Walter Correa (Fuerte Esperanza), Alicia Leiva (Colonias Unidas), Eladio Aguirre (Charadai), Elba Lescano (Samuhu), Jorge Batalla (Presidencia Roca), Aldo Leiva (San Martín), María Susana Simonofsky (Villa Ángela), Gerado Cipolini (Sáenz Peña), Jorge Rodríguez (General Vedia), Oscar Nievas (Castelli), José Carabajal (La Leonesa), Carlos Palacios (Tres Isletas), Pedro Bodnarczuk (Chorotis), Lorenzo Heffner (Villa Río Bermejito), Héctor Vega (Machagai), Carlos Ibáñez (Taco Pozo), Pedro Maidana (Colonia Elisa), Antonio José Rodas (Fontana), Estela Mitore (La Eduvigis), Diógenes Requena (Hermoso Campo), Rosario Belkys Avalos (Puerto Eva Perón), Alfredo Zamora (Quitilipi).
Completan la lista Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.
Según publicó el sitio Infobae, la resolución señala que «cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00.
Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ¬respecto de la mayoría¬ de igual manera por la Alzada».
El programa GIRSU fue implementado en el 2013 y la Jefatura de Gabinete de la Nación era la encargada de administrarlo, a través de la Secretaría de Ambiente. Por ello, también están procesados ex encargados de esa área Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi.
