Una matriz de corrupción sin precedentes sale a la luz. Entre decretos falsos y subastas fantasma, una organización desvió vehículos del Estado hacia manos privadas durante cinco años. Ahora, la Justicia Federal pide juicio oral para los cinco cerebros del engaño.

Crónica de un desfalco anunciado

Lo que comenzó como una sospecha administrativa terminó por destapar una verdadera organización criminal enquistada en el corazón del Estado chaqueño.

Durante cinco años, entre 2016 y 2021, una estructura perfectamente aceitada se dedicó a «hacer desaparecer» el patrimonio de todos: los vehículos oficiales de la provincia terminaron, de manera ilegal, en los garages de particulares y empresas amigas.

La Fiscalía Federal no anduvo con vueltas y solicitó al juez Ricardo Mianovich la elevación a juicio de una causa que quema.

Se trata de una trama donde la falsificación de documentos públicos y el uso de decretos adulterados eran la moneda corriente para legalizar lo que, en la práctica, era un robo a gran escala.

Los rostros del escándalo En el centro de la tormenta aparece Lidia del Carmen Costas, quien fuera Directora General de Gestión de Bienes.

Según la investigación, su firma habría servido para certificar anexos de decretos que nunca existieron o que fueron groseramente manipulados para «limpiar» los papeles de los autos que iban a subasta.

Pero Costas no actuaba sola. El esquema de corrupción incluía a Santiago Daniel Dellacasa, un empresario señalado como el gran beneficiario de estas transferencias turbias, y a Mario Orlando Bistman, un empleado público con un poder casi absoluto para decidir qué autos salían a remate y cómo se movían los expedientes ante el Registro Automotor.

Cómplices uniformados Lo más indignante de esta matriz delictiva es la presunta participación de fuerzas de seguridad.

Dos sargentos de la Policía de Formosa, Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, están imputados como los «verificadores» que daban el visto bueno legal a vehículos que estaban siendo desviados ilegalmente.

Su rol era clave: poner el sello oficial a una mentira.

Hoy, la provincia asiste al capítulo final de esta estafa que desangró el erario público. La acusación es pesada: asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentación adulterada.

Mientras el pedido de juicio oral avanza, queda en el aire la misma pregunta de siempre: ¿cuántos millones más se habrán escurrido por esta alcantarilla de corrupción institucionalizada?