El doctor Daniel Alfredo Acuña, titular del hospital «Emilio F. Rodríguez», calificó a la mujer prófuga como una «delincuente y usurpadora».

Aseguró que la sospechosa ya prestaba servicios antes de su asunción y advirtió que las nuevas restricciones de contratación dejarán al nosocomio sin cobertura de guardias.

La ciudad de Quitilipi se encuentra conmocionada tras revelarse que una mujer, identificada como de apellido Ojeda, ejerció la medicina de forma ilegal en el hospital local. Ante la gravedad de los hechos, el director del establecimiento, Dr. Daniel Alfredo Acuña, brindó una conferencia de prensa para aclarar las circunstancias que permitieron a la acusada desempeñarse en el área de urgencias, señalando que se siente «estafado en su buena fe» y que la situación expone una vulnerabilidad sistémica de la salud pública provincial.

Acuña fue contundente al explicar que la presunta profesional ya formaba parte de la institución y de otras zonas sanitarias antes de que él iniciara su gestión.

Según el directivo, la incorporación de médicos para cubrir guardias de emergencia suele basarse en recomendaciones y vínculos de confianza debido a la escasez de profesionales dispuestos a realizar dichas tareas.

En ese sentido, reconoció que, si bien asume su responsabilidad administrativa, el error de fondo radica en un sistema que permitió que la mujer circulara por distintas dependencias sin que se detectara la usurpación de su matrícula.

En cuanto a la situación judicial, el director confirmó que la mujer se encuentra prófuga desde el momento en que se radicó la denuncia policial. El caso, que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario, es investigado por el Equipo Fiscal correspondiente.

Uno de los puntos más críticos de la investigación gira en torno a la firma de certificados de defunción por parte de la falsa médica. Aunque Acuña admitió tener conocimiento interno de que la acusada suscribió actas de fallecimiento, evitó precisar la cantidad exacta para no entorpecer el proceso administrativo y judicial en curso.

El impacto de este fraude ya comenzó a generar consecuencias directas en la atención sanitaria de la región. Como medida inmediata, las autoridades de Salud Pública determinaron que, a partir de ahora, solo los profesionales con contrato formal podrán realizar guardias.

El doctor Acuña lamentó esta decisión, advirtiendo que Quitilipi, al funcionar como un hospital regional y filtro previo a la derivación a Sáenz Peña, sufrirá una drástica falta de personal en el área de urgencias, ya que no cuentan con suficientes médicos contratados para cubrir la demanda.

Finalmente, el profesional manifestó su voluntad de colaborar plenamente con la Justicia para lograr la detención de la implicada y llevar tranquilidad a las familias afectadas.

Con una visible carga emocional, envió sus condolencias a quienes pudieron haber sufrido pérdidas durante el tiempo en que la usurpadora prestó servicios, reiterando que su objetivo principal es el esclarecimiento total del hecho para garantizar que una estafa de esta magnitud no vuelva a repetirse en el Chaco.