El grave episodio investigado por la justicia penal provincial involucra también a un segundo implicado civil. La Jefatura y el Órgano de Control Institucional activaron protocolos de urgencia ante la extrema sensibilidad institucional del caso.
Un severo cimbronazo sacude los estamentos de la Policía del Chaco tras conocerse una denuncia penal por abuso sexual radicada por una oficial subayudante de la propia fuerza.
La presentación judicial apunta de manera directa contra dos hombres; uno de ellos, un alto oficial que alcanzó la jerarquía de Comisario Mayor antes de pasar a la situación de retiro, y un segundo sospechoso de condición civil.
La gravedad y la asimetría de las partes involucradas forzaron la intervención inmediata de los carriles judiciales competentes y de las áreas de control interno.
El expediente penal, que se tramita bajo estricto secreto de sumario para preservar la integridad de la víctima, se encuentra en sus etapas iniciales de instrucción bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La investigación busca determinar de manera fehaciente la mecánica del hecho y el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en los delitos de índole sexual denunciados.
La denuncia que activó las alarmas en la Fuerza
El hecho investigado se habría desarrollado en un ámbito privado, espacio en el cual la oficial subayudante coincidió con el exjefe policial y el otro civil investigado. Tras el presunto ataque contra su integridad sexual, la uniformada compareció ante las dependencias judiciales para formalizar el acta correspondiente, aportando una detallada secuencia cronológica, descripciones de conductas y elementos de valor probatorio para la causa.
La condición de comisario mayor retirado de uno de los apuntados añade una enorme complejidad al proceso. Al haber formado parte de la cúpula de la estructura policial, su imputación encendió las alarmas en la Jefatura de Policía y en el Órgano de Control Institucional (OCI).
Ambas dependencias iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para asegurar la total transparencia de la investigación y garantizar de forma absoluta que los resortes del poder institucional no interfieran en el esclarecimiento de la verdad material.
Medidas de protección e instrucciones periciales
Tras recibir la denuncia, el fiscal de instrucción en turno ordenó de forma perentoria un paquete de medidas de prueba de carácter científico. Entre los requerimientos prioritarios se encuentran los exámenes clínicos específicos en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), el abordaje de contención por parte del Equipo de Salud Mental del Poder Judicial y el relevamiento de testimonios del entorno directo de los involucrados para reconstruir las horas previas y posteriores al suceso.
En el plano preventivo y de resguardo, la justicia ordinaria ya dictó medidas de restricción de acercamiento recíproco y de exclusión, además de ordenar un esquema de protección especial para la oficial subayudante.
Paralelamente, se dispuso el acompañamiento de las áreas de género y asistencia a la víctima de la provincia, considerando la vulnerabilidad y la presión laboral que reviste denunciar a un antiguo superior dentro de una estructura verticalista y uniformada.
