A través de una resolución inédita, el Gobierno nacional habilitó a soldados, suboficiales y oficiales a registrar un segundo trabajo en el sector privado, incluyendo plataformas de transporte y servicios de seguridad. La medida busca contener el éxodo de personal calificado tras una severa pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

En un giro histórico para la reglamentación del personal militar en la Argentina, el Ministerio de Defensa de la Nación oficializó una medida que expone la compleja situación socioeconómica de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por primera vez, el Poder Ejecutivo autorizó de manera legal el pluriempleo para el personal en actividad de el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, permitiéndoles desempeñar actividades laborales complementarias en el ámbito privado fuera de su horario de servicio.

La resolución, que alcanza a todos los escalafones de la estructura militar, representa un blanqueo de facto para una práctica que ya se venía registrando en la clandestinidad debido a la insuficiencia de los haberes mensuales.

La normativa establece un catálogo de ocupaciones compatibles con la función militar, entre las que destacan el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, los servicios de reparto a domicilio y el desempeño en agencias de seguridad privada.

De esta manera, efectivos que cuentan con años de formación académica y técnica en áreas de logística, inteligencia, comunicaciones y operaciones tácticas quedan habilitados para complementar sus ingresos como conductores, repartidores o vigiladores.

Desde los sectores vinculados al ámbito castrense señalan que la medida representa una respuesta directa al congelamiento de las políticas de jerarquización salarial que buscaban equiparar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas con las de las Fuerzas de Seguridad federales.

Los informes internos que manejan los mandos superiores de las fuerzas grafican un panorama preocupante en materia salarial. De acuerdo con datos técnicos del sector, el sueldo castrense registró una pérdida real frente a los índices inflacionarios, lo que redujo considerablemente el poder de compra de las familias militares respecto a los parámetros vigentes a finales del año anterior.

Este cuadro de precarización indirecta se complementa con las crecientes dificultades operativas en las unidades, las restricciones presupuestarias para el mantenimiento del equipamiento estratégico y el paulatino deterioro en los servicios de cobertura médica de la obra social de las fuerzas, configurando un escenario de vulnerabilidad para el personal encargado de la defensa territorial.

Detrás de la decisión de flexibilizar el régimen de incompatibilidades laborales asoma también la urgente necesidad del Estado de frenar la pérdida de capital humano altamente especializado. En los últimos años, las Fuerzas Armadas reportaron una preocupante tasa de bajas voluntarias por parte de pilotos de caza, ingenieros, profesionales de la medicina, técnicos aeronáuticos y especialistas en ciberdefensa.

Se trata de perfiles cuya formación insume presupuestos millonarios y años de adiestramiento continuo, pero que deciden abandonar la carrera militar de forma anticipada ante la abismal brecha salarial existente entre el Estado y el sector privado, donde sus capacidades de conducción y logística son altamente cotizadas y remuneradas.