El Ejecutivo provincial calificó de inadmisible la decisión unilateral de la empresa y analiza sanciones legales y contractuales. Diseñan un plan de contingencia para garantizar la movilidad en las líneas del Grupo I del Sitam, que movilizan a miles de usuarios diariamente.

El Gobierno del Chaco intervino de manera directa ante el anuncio de la empresa ERSA Urbano S.A. U.T. sobre un eventual cese de actividades y ratificó que ninguna firma concesionaria tiene la facultad de suspender unilateralmente un servicio público esencial.

Desde las carteras técnicas del Ejecutivo provincial confirmaron que ya se implementan medidas administrativas, operativas y legales urgentes para neutralizar el impacto del paro por tiempo indeterminado y asegurar la continuidad del sistema de transporte en el Área Metropolitana del Gran Resistencia.

La advertencia oficial surge tras la comunicación de la compañía respecto de la interrupción parcial de las prestaciones correspondientes al Grupo I del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (Sitam).

Este bloque es considerado una columna vertebral para la conectividad de la región, ya que abarca los recorridos estratégicos de las líneas 2, 9, 101, 106, 107, 204 y 205.

En términos operativos, el cese de este grupo afecta una red que supera los 25.000 kilómetros diarios de cobertura y mantiene a más de un centenar de unidades de colectivos fuera de circulación, paralizando la movilidad de miles de trabajadores, estudiantes y pacientes que dependen del servicio.

Ante este escenario de parálisis, las autoridades provinciales instruyeron actas e intimaciones formales hacia ERSA con el objetivo de exigir el cumplimiento de las frecuencias, fiscalizar los recorridos y documentar de manera fehaciente cualquier reducción de flota.

De forma paralela, los equipos técnicos evalúan alternativas operativas de emergencia para cubrir las trazas afectadas mediante otros prestadores, buscando minimizar las complicaciones para los vecinos del Gran Resistencia en el menor tiempo posible.

Desde el punto de vista legal, la Provincia inició una rigurosa auditoría sobre el contrato de concesión vigente, el cual obliga a la prestataria a garantizar la regularidad, continuidad y eficiencia del transporte. Fuentes del Ejecutivo señalaron que se analizarán a fondo las consecuencias patrimoniales y contractuales del abandono, contemplando desde la aplicación de multas severas y la ejecución de las garantías financieras, hasta demandas por daños y perjuicios.

Las autoridades recordaron que el Estado provincial sostuvo diversas herramientas de asistencia económica para el sector, por lo que instaron a la comunidad a seguir los canales de comunicación oficiales para conocer el esquema de contingencia que se implementará para destrabar el conflicto.