Mientras la magistratura provincial asegura aumentos automáticos en sus propios haberes gracias a recientes modificaciones por decreto en el modo de calcular sus haberes, corporativamente exigen achicar los ingresos de los profesionales independientes, profundizando de esta manera el descreimiento de la sociedad en el servicio de justicia.

RESISTENCIA. Un profundo malestar y un generalizado estado de alerta sacuden al arco legal chaqueño tras conocerse la demanda promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, orientada a declarar la inconstitucionalidad de la recientemente sancionada Ley N° 4228-C de Honorarios Profesionales.

La primera voz disidente se hizo oir desde «Abogados Unidos», entidad que agrupa a abogados de las seis circunscripciones provinciales quienes salieron al cruce de forma unánime para calificar la maniobra de los jueces como un acto de profunda injusticia y una muestra de egoísmo corporativo que ensaña al Poder Judicial con los trabajadores independientes.

La polémica estalla en un contexto de absoluta asimetría económica y laboral.

Mientras los jueces, fiscales y camaristas se blindan con reformas legislativas y paritarias que indexan y elevan sistemáticamente sus «importantes» sueldos de bolsillo, pretenden recortar la remuneración de los abogados de pasillo mediante artilugios legales.

Desde el sector de la abogacía organizada se recordó con indignación que los honorarios de un profesional libre revisten un estricto carácter alimentario, siendo el único sustento tras años de litigios, a diferencia de los magistrados que perciben mensualmente salarios de privilegio asegurados por el erario público.

El principal argumento de los letrados apunta de lleno a la preocupante falta de idoneidad y empatía de quienes hoy dictan sentencias.

La abogacía chaqueña denuncia abiertamente que la gran mayoría de los jueces, fiscales y camaristas accedieron a sus cargos mediante aceitados mecanismos e influencias políticas, careciendo por completo de experiencia real en el llano y desconociendo lo que verdaderamente significa el diario ejercicio de la profesión, donde sostener un estudio jurídico implica pagar alquileres, impuestos y arriesgar el capital sin ninguna garantía de cobro.

Esta alarmante desconexión con la realidad de la calle se traduce en fallos arbitrarios que menosprecian la labor técnica de los profesionales del derecho.

La ofensiva judicial se concentra especialmente en el rechazo a los mínimos obligatorios fijados por la nueva Ley 4228-C, la cual implementó la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para blindar los ingresos de los trabajadores frente a la devaluación y limitar la histórica discrecionalidad de los magistrados al momento de regular los honorarios.

Al interponer recursos de inconstitucionalidad para perforar esos pisos legales, la corporación judicial pretende perpetuar un sistema de sumisión económica donde el abogado deba conformarse con regulaciones de miseria dictadas a dedo por funcionarios blindados en sus despachos climatizados.

Esta feroz interna no hace más que acelerar el vertiginoso descreimiento de la sociedad civil en el servicio de justicia del Chaco.

Los ciudadanos asisten con hastío a un espectáculo donde los encargados de impartir equidad se muestran más preocupados por defender sus prebendas, blindar sus designaciones políticas y cercenar los derechos de los trabajadores que por resolver las causas con celeridad y transparencia.

La corporativización de los tribunales chaqueños y el doble estándar salarial terminan de consolidar la percepción pública de una justicia lenta, parcial y completamente alejada de las necesidades del pueblo.