Una maniobra coordinada en la Cámara de Diputados, sostenida por la ausencia deliberada del PRO, el radicalismo de Cornejo y los bloques provinciales de Jaldo, Sáenz y Rovira, impidió el quórum necesario para tratar la interpelación del jefe de Gabinete.

En una jornada parlamentaria clave para la estabilidad del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional logró blindar a Manuel Adorni al neutralizar el pedido de interpelación que impulsaba la oposición.

La estrategia, articulada mediante un pacto de gestión entre el titular del cuerpo, Martín Menem, y los principales bloques aliados, resultó determinante para evitar que la sesión alcanzara los 129 legisladores necesarios para su apertura, dejando a la oposición con apenas 117 bancas ocupadas.

El operativo de protección fue posible gracias a la decisión del PRO y del bloque radical referenciado en Alfredo Cornejo de no facilitar el quórum. A esta postura se sumó la determinante ausencia de los bloques provinciales que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Carlos Rovira.

Esta alianza estratégica impidió el avance de la ofensiva opositora, trasladando el debate a la Comisión de Asuntos Constitucionales, un terreno donde el oficialismo cuenta con mayor margen de maniobra para dilatar o desestimar el tratamiento del expediente.

La jugada desarticuló las presiones internas que pesaban sobre sectores dialoguistas, quienes bajo el argumento de no sumarse a operaciones políticas opositoras, evitaron asistir al recinto.

Incluso casos como el de legisladores del MID, que originalmente habían trascendido como posibles apoyos a la interpelación, terminaron alineándose con la estrategia del oficialismo tras el artilugio parlamentario de Menem.

Aunque la oposición intentó denunciar una crisis institucional durante el tiempo de «discursos en minoría», el oficialismo logró su objetivo de ganar tiempo y proteger la figura del jefe de Gabinete ante las crecientes presiones judiciales.

La consolidación de este bloque de contención parlamentaria reafirma la capacidad del Gobierno para sostener su agenda mediante alianzas pragmáticas, dejando en suspenso el costo político que estas ausencias podrían tener frente a sus respectivos electorados regionales.