La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco dictó una resolución clave en la causa que involucra al fiscal provisorio César Collado, actualmente suspendido en sus funciones.

El máximo tribunal provincial confirmó que el funcionario efectivamente ejecutó una estrategia de hostigamiento contra los abogados Oscar Olivieri y Roberto Pugacz, quienes previamente habían impulsado una denuncia por mal desempeño e inidoneidad técnica ante el Consejo de la Magistratura en febrero de este año.

La sentencia, firmada por las ministras Iride Grillo y Emilia Valle, cerró la instancia recursiva respecto al fallo inicial emitido por el juez de Cámara Rodolfo Lineras.

Si bien el STJ avaló la conclusión sobre la existencia de una conducta de persecución contra los letrados, el tribunal determinó la revocación parcial de otros puntos de la decisión original.

En este sentido, los magistrados establecieron que no se logró acreditar la existencia de una amenaza real e inminente contra la libertad ambulatoria de los profesionales, a la vez que descartaron que las circunstancias del caso justificaran la imposición de una prohibición de expresión pública para el fiscal.

El núcleo del conflicto judicial se remonta a las represalias que, según la acusación, habría emprendido Collado una vez conocida la denuncia en su contra. De acuerdo con los elementos expuestos, el fiscal utilizó su posición para abrir investigaciones de oficio vinculadas a decenas de causas en las que intervenían los abogados denunciantes, calificando incluso a uno de ellos como prófugo a través de redes sociales y medios de comunicación.

El Superior Tribunal enfatizó que, por imperativo legal, el fiscal debió haberse apartado de dichas actuaciones al existir una manifiesta enemistad con las partes, permitiendo que el caso fuera tratado por un subrogante.

Esta resolución se suma a la delicada situación institucional que atraviesa el fuero judicial de la Segunda Circunscripción, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Cabe recordar que el Jurado de Enjuiciamiento ya había dispuesto recientemente la suspensión preventiva de Collado, en paralelo a un proceso similar que enfrenta el juez Rodolfo Lineras por denuncias cruzadas.

La sentencia del STJ subraya la importancia de salvaguardar la independencia de la magistratura y garantizar el libre ejercicio del derecho de petición de los profesionales del foro, reafirmando que las herramientas del Estado no deben ser utilizadas como mecanismos de amedrentamiento frente a las críticas o denuncias por el desempeño funcional.