La reciente salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete ha marcado un punto de inflexión en la gestión de Javier Milei, permitiendo al Gobierno recuperar iniciativa política en un momento crítico. Con la llegada de Diego Santilli a un rol central, el oficialismo busca dejar atrás una etapa de estancamiento y retroceso en los índices de aprobación para proyectar su agenda hacia 2027.

Este reordenamiento interno no solo responde a una necesidad de gestión, sino que inaugura una compleja ingeniería electoral donde la reforma política y la búsqueda de alianzas se posicionan como ejes fundamentales.

Para el Gobierno, este cambio de gabinete se percibe como una bocanada de aire fresco que permite retomar una agenda parlamentaria que se encontraba paralizada ante la amenaza constante de interpelaciones. En el Senado, la estrategia oficialista apunta a avanzar con proyectos prioritarios, como el régimen de incentivos para grandes inversiones y normativas sobre seguridad jurídica, buscando victorias legislativas que validen el nuevo impulso del Ejecutivo. No obstante, el éxito de estas iniciativas sigue supeditado a la capacidad del Gobierno para construir consensos, un terreno en el que el vínculo con los gobernadores será determinante.

En este escenario de reconfiguración, la reforma política emerge como una pieza clave. La propuesta que impulsa Santilli no solo contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino también el retorno de las colectoras, una figura que, bajo la implementación de la boleta única de papel, exigirá un diseño institucional sumamente complejo.

Esta maniobra es vista con interés por varios gobernadores provinciales, quienes visualizan en la posibilidad de colgar candidatos a legisladores nacionales de la boleta presidencial de Milei una herramienta estratégica para evitar la dispersión del voto en sus propios distritos, especialmente en provincias donde el oficialismo local corre riesgos electorales.

Sin embargo, el horizonte electoral plantea interrogantes que trascienden la primera vuelta. Si bien el entendimiento táctico entre el Gobierno y ciertos mandatarios provinciales parece consolidarse para las legislativas, el consenso se desvanece ante la perspectiva de un eventual balotaje.

En los pasillos de las provincias ya se advierte que, en una segunda instancia, el respaldo a la figura de Milei no está garantizado. Esta preocupación es compartida por el peronismo, que enfrenta sus propios desafíos internos para contener a su electorado y evitar la fragmentación, con la figura de Axel Kicillof intentando mantener la cohesión en la provincia de Buenos Aires ante un escenario nacional aún incierto.

En última instancia, el tablero electoral se encuentra en plena calibración. Mientras el Gobierno intenta consolidar una estructura que le permita sostener su modelo, la oposición —tanto el peronismo como los sectores de centro— observa con cautela el impacto de estas reformas.

La política argentina ha ingresado en una fase donde los acuerdos coyunturales conviven con el temor mutuo a la segunda vuelta, un estadio en el que tanto el mileísmo como el justicialismo reconocen que las alianzas de hoy pueden mutar drásticamente según las exigencias del momento.