La Sala II le encomendó al juez federal Luis Rodríguez que primero le pida a la Cámara de Diputados que le quite los fueros que le dan inmunidad.

El fallo es por la presunta defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.

El juez Rodríguez había rechazado el pedido de desafuero y detención solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, lo que fue apelado y por eso ahora la Cámara Federal resolvió ordenar la medida. De Vido está citado a declaración indagatoria para el próximo 28 de noviembre.

Los camaristas advirtieron que, del estudio de las pruebas que hasta el momento hay en la pesquisa, «no resulta factible distanciar a De Vido del escenario» como «como portador de un rol preponderante en los hechos concretos aquí investigados». Coincidieron en afirmar que el «encarcelamiento (de De Vido) resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación».

La decisión de la Cámara fue por mayoría. A favor del desafuero y la detención firmaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia -integrante de otra sala-, mientras que en disidencia lo hizo Eduardo Farah. Ahora, el juez Rodríguez debe pedirle a la Cámara de Diputados que avance con la quita de los fueros de De Vido.

El oficialismo ya intentó en julio apartar de la Cámara acusándolo de «inhabilidad moral», pero no alcanzó los votos necesarios. En este caso, Cambiemos no podrá avanzar en el corto plazo en el desafuero de De Vido. Es que el artículo 2 de la ley indica: «La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión». Así, difícilmente el exministro sea desplazado de su banca en la Cámara baja este año. 

De Vido, actual diputado se encuentra en su peor momento ante la Justicia, luego de que la Cámara Federal porteña ordenó su desafuero y detención en el marco de una causa en la que se investiga un desfalco de $ 265 millones en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. 

Otrora hombre todopoderoso de la obra pública durante la gestión del kirchnerismo, De Vido está acusado de defraudación a la administración pública, delito por el cual el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su desafuero como diputado y su posterior detención. Hay otras 22 personas imputadas.

El fallo de la Cámara Federal porteña

«Julio De Vido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados», señaló el fiscal Stonelli en su dictamen. Además, consideró que tanto él como el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta; y el excoordinador general del Ministerio Jaime Valvar, tenían la obligación de controlar los casi $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón pero que habrían sido desviados.

El dictamen de Stornelli agrega que los funcionarios acusados «autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles que se encontraban bajo su órbita de competencia».

Y agregó: «Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex Ministerio de Planificación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras».