El gobernador de Santa Fe inauguró un nuevo período ordinario de la Legislatura provincial tal como indica la Constitución de Santa Fe que el mismo Lifschitz pretende reformar y, entre otras cosas, adelantar el inicio legislativo a marzo como en la mayoría de los distritos.

En su discurso fijó posición sobre las tarifas, el proyecto de flexibilización laboral con el que pretende avanzar el gobierno nacional, la deuda por coparticipación y el recrudecimiento de la narco criminalidad en Rosario y Santa Fe. Como broche, volvió a insistir en la necesidad de reformar la Constitución.

«Comparto el diagnóstico que hace el gobierno nacional» reconoció Lifschitz en relación el sistema de tarifas «totalmente distorsionado» y con «subsidios irracionales que beneficiaban por igual a sectores populares y a sectores de altos ingresos y que además, discriminaban al interior. Eso había que corregirlo».

Aunque consideró que las medidas no pueden tomarse «como si fuera un tema técnico, absolutamente desprovisto de implicancias sociales y económicas, se lo dije al ministro de Energía» y alertó en que los aumentos no pueden actuar «como freno de la actividad económica y ser combustible para la inflación»

También apuntó contra el requerimiento que hizo el presidente a provincias y municipios de bajar la carga impositiva al afirmar que los tributos locales «no alteran el esquema estructural» aunque se comprometió a hacer esfuerzos para amortiguar el impacto en los bolsillos.

En ese sentido, Lifschitz adelantó que se formará una Comisión Técnica para estudiar la estructura de costos y sobre todo, proseguir con el plan de inversión de la EPE con partidas extrapresupuestarias a la empresa, ya que hasta ahora las obras en infraestructura eléctrica se sostenían con los fondos genuinos que recauda la firma del cobro del servicio.

Otro de los puntos que generaron fricción entre el gobierno de Santa Fe y el nacional y que Lifschitz incluyó en su discurso fue el de la deuda por coparticipación que tiene fallo de la Corte Suprema y que en el debate por el Consenso Fiscal se estableció como límite el 31 de marzo pasado para que el gobierno central concrete una propuesta de pago.

Tras un repaso del proceso que derivó en la decisión del máximo tribunal que obligó a Nación dejar de retener el 15 por ciento de coparticipación y reconocer la deuda acumulada; Lifschitz advirtió que en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio «retomaremos el reclamo judicial, ahora con un antecedente más a nuestro favor».

Es que la propuesta que elevó el gobierno de Macri de pagar una parte en bonos en pesos y el resto con obras públicas, que llevó «infructuosas negociaciones» según palabras del gobernador socialista, «esa propuesta inicial estaba lejos de nuestras expectativas y no llegamos hasta aquí para aceptar cualquier propuesta» aunque aclaró que se agotarán las instancias políticas y administrativas antes de volver al plano judicial.

En cuanto al rebrote de violencia vinculada a la pelea por el control territorial entre bandas narcos, que volvió a subir sensiblemente los índices de crímenes, sobre todo en Rosario después del descabezamiento de las principales bandas, el gobernador hizo dos pedidos concretos:

Por un lado, un mayor compromiso de la justicia federal, donde las causas que avanzan lo hacen sin la agilidad necesaria y con escasos elementos para las investigaciones complejas y por el otro, que se habilite a la justicia provincial para atender en las causas de narcomenudeo.

«No buscamos perseguir al consumidor ni siquiera al pequeño proveedor sino a las organizaciones delictivas de narcomenudeo que operan en los barrios y donde los puntos de venta convierten al lugar en zonas muy peligrosas para los vecinos».

Reforma y reelección

El gobernador, tal como había adelantado meses atrás, aprovechó el atril de la Legislatura y ante todas las fuerzas políticas, legisladores, intendentes y funcionarios judiciales, insistió en la necesidad de reforma de la Constitución provincial.

«Mi problema no es la reelección, mi problema es lograr una Reforma de la Constitución que nos permita decir que pudimos hacerlo, que fuimos capaces, nuestros nietos van a tener derechos y garantías que nosotros no tuvimos. Somos capaces de soñar e imaginar la Santa Fe del siglo XXI» afirmó Lifschitz aunque evitó anunciar la autoexclusión como lo hicieron sus predecesores Binner y Bonfatti.

«Queremos una reforma de la Constitución para establecer la neutralidad religiosa del Estado, introducir las nuevas instituciones del derecho penal, consagrar nuevos derechos, ampliar derechos sociales y humanos» enumeró el mandatario.

Además, el gobernador consideró que es urgente y necesario institucionalizar la paridad de género. «No puede seguir esperando» sostuvo y agregó que estamos «ante una verdadera revolución de las mujeres, una revolución silenciosa» y recordó que «el futuro solo es posible si es ecológico, inclusivo y feminista».

Recuadro: Flexibilización y neoliberalismo

En su discurso, el gobernador fijó postura sobre el lugar del Estado en la Argentina al reconocer que «creo en la economía de mercado pero que se sostiene además de la competencia con la cooperación» y consideró que la economía tiene que tener como finalidad el bien común, una «economía de escala humana».

«No es el camino la flexibilización laboral lo cual merece un debate más amplio que beneficie a la economía y también a los trabajadores» inquirió y afirmó que de la crisis «hay que salir por arriba, no se puede sostener el déficit con deuda pública ni achicando el Estado restringiendo servicios sociales».

«Hay que dejar de lado el manual del neoliberalismo que es el manual del fracaso que nos lleva a la catástrofe social y ambiental» reflexionó el gobernador para luego agregar que «no podemos creer que nuestro futuro energético dependa solo de Vaca Muerta» y acentuó la necesidad de apostar a las energías limpias para luego advertir que la crisis energética no se supera con «privatizaciones ni con la burocracia centralizada».