partir de estafas cometidas contra aborígenes que habitan El Impenetrable chaqueño, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido expuso el panorama de pseudocooperativas que imponen intereses usurarios, muchas de ellas amparadas en medidas cautelares, ante la inacción del Estado que “no muestra voluntad” para controlar.

“Esto es preocupante porque en realidad todos sabemos que no son cooperativas pero les permiten funcionar: no controlan que los intereses sean los que exige la ley; por lo que pareciera que la intención es que se siga estafando a los jubilados y empleados públicos”, analizó.

A la vez, el ombudsman planteó la precaria situación que atraviesan los comedores escolares, con una demanda creciente potenciada por el complejo escenario económico, y partidas desactualizadas en los montos y en las matrículas de cada establecimiento.

ESTAFAS REITERADAS

En las últimas semanas, cobró estado público una batalla sin cuartel librada por la Defensoría del Pueblo contra empresas que operan con el código de descuento en la zona de El Impenetrable, y tienen como carne de cañón a personas pertenecientes a los pueblos originarios.

El funcionario explicó que si bien hay un juzgado multifueros en Misión Nueva Pompeya, la vulnerabilidad extrema de los damnificados hacen que todos los esfuerzos parezcan poca cosa.

“Ha tomado intervención un fiscal de investigaciones, sin resultados porque la empresa ni siquiera respondió los pedidos de informes fiscal», expuso.

En ese sentido, destacó que la Defensoría pudo acceder al expediente y requirió el informe al Nuevo Banco del Chaco porque estos son descuentos que operan a través de convenios con esa entidad financiera.

En buena parte de los casos, los afectados aportaron documental que da cuenta de que los convenios firmados se cumplieron pero siguen percibiendo descuentos en sus pensiones.

“Hemos analizado casos que tendrían a más de 100 damnificados”, subrayó.

El Ombudsman apuntó que están estafando a las personas «más pobres de los pobres» de toda la provincia, que realizan compras, por caso, de cinco chapas en 18 cuotas de 400 pesos. Si bien no son las chapas más baratas, una vez que terminan de pagarlas, siguen haciéndose descuentos.

«Recordemos que son pensionados, y sus ingresos han perdido poder adquisitivo en los últimos años, por lo que está en riesgo su seguridad alimentaria”, destacó.

La problemática de las estafas con los códigos de descuento no es nueva, ni mucho menos exclusiva de las zonas más postergadas de la provincia.

En la zona metropolitana se han registrado innumerables casos de jubilados y empleados públicos que han caído en la trampa de este tipo de operatoria. Las consecuencias fueron tan importantes, que la cuestión llegó a la Cámara de Diputados que sancionó una ley para proteger a los usuarios de este tipo de operaciones, brindadas por empresas que en muchos casos tienen ropajes de cooperativas pero realizan actividades muy lucrativas.

“Lo que más preocupa es la falta de seguridad que tiene la gente con este tipo de empresarios: creo que vamos a terminar en una recomendación al Nuevo Banco del Chaco sugiriendo que adopten medidas de control para poder hacer un seguimiento de lo que están firmando con estas empresas para que los negocios que llevan adelante estas personas no terminen siendo una gran estafa”, anticipó.

Corregido estimó que es fundamental que las firmas de quienes toman los préstamos o realizan las operaciones “sean certificadas por escribanos”, y que el banco controle que una vez terminadas  las cuotas convenidas, cesen los descuentos.

Además, consideró importante que desde el Estado se exija que los intereses que cobran estas empresas se correspondan con el capital, y respeten las tasas que aplica el Banco de la Nación Argentina.

Si bien admitió que muchas de estas empresas están amparadas por medidas cautelares favorables, el defensor de Pueblo consideró que «de todas maneras, se podrían implementar controles para que los intereses que se cobran se correspondan con el capital prestado, pero no hay voluntad de realizar estos controles».

«Si controlaran eso, las empresas no tendrían las ganancias extraordinarias; pero el Estado no se ocupa de controlar los intereses que le cobran a las personas más pobres de la provincia».