El Concejo Municipal aprobó en la sesión del pasado martes, un proyecto de la concejal por la UCR María Teresa Celada, que establece la obligatoriedad de instalar Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en edificios públicos y en espacios privados de acceso público, como una forma de “avanzar en acciones de prevención que pueden salvar muchas vidas”.
La concejal radical explicó que “en la actualidad, son muy frecuentes las enfermedades del corazón y diferentes tipos de accidentes cardiovasculares que lamentablemente se cobran muchas vidas, y en muchas de esas ocasiones, esos fallecimientos se dan debido a que no reciben atención inmediata adecuada”, y agregó que “una forma de disminuir los casos fatales es justamente logrando acotar el tiempo de atención para la persona, y esto es solo posible con la instalación de los Desfibriladores Externos Automáticos en lugares determinados”.
Explicó además que “este proyecto lo elaboramos junto a mi equipo de trabajo en el año 2017, y no había sido tratado.
Y hace unas semanas volvimos a darle impulso, luego de una seria de encuentros con la Dra. Silvina Delgado, cardióloga y médica deportologa que es la titular de la Fundación CardioTenis por la Vida, y con quien coincidimos en la necesidad de contar con el DEA para poder salvar vidas”.
“Este trabajo culminó con la aprobación del proyecto, y finalmente tenemos ordenanza en la ciudad para avanzar en este aspecto”, destacó Celada.
El texto de la Ordenanza
La ordenanza aprobada establece que el Municipio de Resistencia deberá contar obligatoriamente con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y que se determina esa misma obligación para los espacios privados de acceso público, que son, entre otros, las terminales de transporte terrestre y aéreo, los centros comerciales con superficie edificada mayor a los 8.000 metros cuadrados, estadios para más de 300 personas, salas de conferencias, centros culturales, entre otros.
La lista definitiva, aunque no taxativa, de lugares que tendrán esta obligación, será elaborada por la autoridad de aplicación, que será determinada por el Departamento Ejecutivo Municipal.