El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello solicitó que se revoque la intervención al Partido Justicialista y pidió la nulidad de todas las decisiones que desde entonces tomó el interventor designado, Luis Barrionuevo.

Consideró que esa medida que había sido tomada por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría tuvo una «gravedad institucional sin precedentes» y sostuvo que solo debe tomársela en «situaciones límite».

El dictamen que pide retrotraer la situación del principal partido de la oposición a la mañana del 10 de abril pasado, día en el que Luis Gioja fue desplazado judicialmente de la Presidencia, no es vinculante y fue elevado a la Cámara Nacional Electoral, que no tiene plazo para expedirse al respecto.

En su dictamen, Di Lello calificó de “antojadizos” a algunos de los argumentos con los que Servini dispuso la intervención y posterior investidura de Barrionuevo y ratificó el estado de normalidad institucional en la que se encontraba esa fuerza política durante la conducción de José Luis Gioja.

“El Partido Justicialista Orden Nacional se encontraba conducido por autoridades elegidas en el seno partidario a través de un proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2016, convalidado por la Justicia Electoral oportunamente, con mandato en curso hasta el año 2020”, describió.

“Tal órgano –prosiguió el fiscal- se encontraba en pleno funcionamiento y bajo el contralor de esa misma Magistratura, resultando cuanto menos llamativo el tenor de la disposición cuestionada.»

La decisión de Di Lello es un revés para Barrionuevo, quien fue nombrado por Servini para iniciar un período de supuesta normalización sin fecha de conclusión.

El dirigente gastronómico nunca mencionó hasta cuándo estaría al frente del PJ, pero durante varias apariciones públicas deslizó que se quedaría hasta las elecciones generales de 2019.

Al respecto puso en tela de juicio la idiosincrasia de dirigente gastronómico para estar al frente de esa fuerza. «Difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad” que conlleva ese mandato, ya que el gremialista es parte de la vida política de esa fuerza y “no resulta ajeno” a las “divisiones tan criticadas” por la jueza, indicó.

“Esto le impediría llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida”, puntualizó el fiscal.

A mediados de este mes, la Cámara Electoral había dado vista a Di Lello para que evalúe si la medida judicial fue correcta.

Los criterios del fiscal serán tenidos en cuenta a la hora de decidir si confirma o desestima la intervención de Barrionuevo ordenada por Servini.

En un insólito fallo, Servini había dictado la intervención al sostener que el partido atravesaba un «vaciamiento» en base a que «en los últimos comicios nacionales y provinciales del año 2017, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas» de otros partidos políticos.

En las doce páginas de la resolución original, la jueza señaló también que «la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar».