El presidente Mauricio Macri amplió el temario de sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley que obliga a realizar capacitaciones sobre la violencia contra las mujeres en todos los niveles del Estado, incluso en la Casa Rosada.
Se trata de una iniciativa de la diputada nacional chaqueña Analía Rach Quiroga, que tiene dictamen pero Macri no lo había sumado al listado de extraordinarias y lo agregó por decreto para incorporar en la sesión de este martes el debate por al violencia de género que acapara la opinión pública tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín sobre un abuso de su colega Juan Darthés.
En la misma sesión convocada para aprobar la ley contra los barras bravas y el acuerdo de complementación con Chile, demorados en la última sesión por resistencia de la oposición.
La ley es llamada Micaela, en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Obtuvo dictamen tras un largo debate en comisiones, porque muchos diputados se resistían a escrachar en listados a empleados que no sean capacitados.
Será aprobada sin problemas con discursos de todos los bloques, aunque el clima en Diputados no era de mucho ruido como podría imaginase aunque sí alguna autocrítica por no haber insistido con la destitución del diputado tucumano José Orellana, denunciado por abuso sexual hace dos años.
En Diputados hay autocrítica por no haber destituido al tucumano José Orellana, acusado de acoso sexual en 2016. Estudian crear un protocolo.
La pidió la entonces diputada nacional del socialismo Gabriela Troiano, que hasta relató como la víctima llegó llorando a su despacho. Orellana siguió en su banca sin mayores problemas y está dispuesto a terminar su mandato en diciembre de 2019 sin mayores problemas, cuando con dos terceras partes de la Cámara podrían haberlo echado. Tal vez mañana haya alguna tardía referencia.
Lo cierto es que los diputados actuaron con mucha cautela, golpeados por denuncias de abusos en todos los espacios políticos.
Victoria Donda, hasta esta tarde, era la única que había llamado a María Isabel Guerín, la empleada del Congreso que denunció abuso del senador radical Juan Carlos Marino.
Las diputadas radicales intercambiaron mensajes para ver evaluar qué pasos dar y negociaban un protocolo en el Congreso para estas denuncias. Antes, quieren capacitar a todos los poderes del Estado.
