En plena campaña, el Gobierno acelera los tiempos para cubrir una vacante clave en la justicia electoral. Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que Mauricio Macri elevó el pliego de Laureano Durán al Senado como titular del juzgado federal de primera instancia número 1 de La Plata.

Para ese cargo, clave porque maneja el distrito más grande en cantidad de votantes, había concursado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Sin embargo, el Presidente lo relegó pese a ser el candidato con mejor puntaje en el proceso de evaluación realizado por el Consejo de la Magistratura.

El juzgado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires había quedado vacante en 2014 tras la muerte de Manuel Blanco, quien ocupaba ese sitio desde el regreso de la democracia. Luego de varias idas y vueltas y de varios intentos de colocar allí a un hombre de confianza, en el puesto quedó finalmente como subrogante Adolfo Ziulu.

Este magistrado, titular del juzgado número 2 de La Plata, había intervenido a favor de Cambiemos en el escándalo por los aportantes truchos, que finalmente salió del fuero penal federal para remitirse al fuero electoral, donde las penas son mucho menores.

Durante un breve período también había ocupado ese sitio la jueza federal de Capital Federal, María Romilda Servini de Cubría, y también el propio Durán, en 2015, hasta que la Corte Suprema decidió desplazarlo porque no cumplía los requisitos necesarios. Fue al declarar, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias.

En ese contexto y pese a que faltan apenas unos meses para la votación y que el proceso electoral ya está iniciado, el Gobierno pretende hacer modificaciones sobre la marcha y cubrir definitivamente esa vacante con un hombre de su confianza.

Y, sobretodo, obturar la posibilidad de que sea Ramos Padilla quien eventualmente quede en ese lugar, en caso de que no se terminara el proceso de designación antes del 10 de diciembre de este año.

A raíz de su rol activo en la megacausa por extorsión y espionaje ilegal que involucra a funcionarios nacionales, diputadas oficialistas y periodistas afines, el juez federal de Dolores fue víctima de una embestida del oficialismo para desplazarlo mediante un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura.

El intento de remover al juez perdió fuerza porque fue respaldado en distintas oportunidades por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata e incluso por la Corte Suprema.

Sin embargo, las versiones sobre una reactivación de esa jugada contra Ramos Padilla cobraron nueva aliento con el anuncio de Miguel Pichetto como precandidato a vicepresidente de Macri, ya que el senador peronista es el presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, donde se tramitan las investigaciones contra los magistrados.

De hecho, el Consejo le notificó el 28 de mayo al juez la posibilidad de «ejercer su defensa por escrito, designar un defensor oficial, ofrecer pruebas para su defensa y expresar lo que corresponda a su derecho».

El juez designó a su padre, Juan Ramos Padilla, como su abogado. Mediante una nota advirtió que el Consejo no le estaba permitiendo ejercer su derecho de defensa.

“Resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520”, cuestionó Ramos Padilla padre, que solicitaba acceder a los audios de la supuesta «Operación Puf», mediante la cual ex funcionarios kirchneristas se habrían complotado para perjudicar al fiscal Carlos Stornelli y deslegitimar la causa de la fotocopias de los cuadernos.

En medio de esta presión de Cambiemos se desarrolló la última etapa del proceso de selección en el Consejo. Ramos Padilla quedó en primer lugar. En el segundo se ubicó Jorge Di Lorenzo, secretario letrado el Juzgado Federal número 3 de La Plata.

El tercero recién fue Durán, que hasta ahora se desempeña como secretario letrado de la Cámara Federal de La Plata. Al parecer, la meritocracia no es está a la orden del día en el oficialismo.

Según la constitución, el Presidente tiene la facultad de elegir al candidato entre los tres primeros del concurso y luego es el Senado quien debe decidir si le da su aval o no para que se complete la designación.

Resta saber qué actitud tomarán en la Cámara Alta, que ya frenó el nombramiento de otros 60 jueces que intentó colocar Cambiemos antes del fin del mandato.