El inicio del debate del Código Penal en el Senado fue tan desolador como se esperaba, en un Congreso vacío, sin actividad, y con la incertidumbre electoral y económica.
El senador peronista Pedro Guastavino insistió en iniciar la discusión del proyecto enviado en marzo por el Gobierno, con expositores, sin adentrarse en delitos específicos ni expectativa de dictaminar.
«Vamos a continuar dando tratamiento a este proyecto a pesar de contexto político electoral que está viviendo el país que, obviamente, afecta el funcionamiento de ambas cámaras del Congreso», prometió, casi sin presencia de legisladores.
«Es necesario que la República cuente con un nuevo código penal y por eso estamos trabajando con el objetivo de arribar a fin de año con un dictamen que nos permita llegar a la sanción también durante este año».
Entre los invitados sólo se escucharon críticas. El más duro fue el defensor público Santiago Marino Aguirre, quien sostuvo que con la reforma se «va a triplicar la cantidad de presos» en un contexto donde «las cárceles están que explotan».
«De aplicarse este Código, no sé dónde van a poner la gente. Van a obligar a los jueces a hacinar gente y vamos a incumplir los tratados internacionales», dijo Marino Aguirre.
«No pueden dejar de tener en cuenta qué pasa con la realidad carcelaria. El ministro de Justicia dictó la emergencia carcelaria por la superpoblación de las cárceles. De aplicarse este Código, no sé dónde van a poner la gente. Van a obligar a los jueces a hacinar gente y vamos a incumplir los tratados internacionales». «¿No se hizo un, estudio, una proyección, de cuánta gente podría ir presa si se aplica esta Código? Si no se tuvo en cuenta eso, ¿dónde los van a meter?», agregó.
El resto de los expositores fueron un poco más benévolos. Juan Pablo Montiel, director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) consideró «el proyecto bueno que supera los anteriores textos que quedaron en fase de ante proyecto».
«Incluir delitos como acoso laboral y delitos laborales, la experiencia marca cómo disminuyen estos delitos en ámbitos laborales a partir de introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica en estos contextos».
«hay una profunda insatisfacción social con relación al funcionamiento de la sanción penal, cuyos objetivos se han perdido de vista en marchas y contramarchas en cuanto a su praxis, monto de la pena y modo de administrarla», aportó la licenciada Graciela Dubrez, presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina.
No obstante, sostuvo que «la sanción de un nuevo código penal es de máxima relevancia en el mundo del derecho y es por variadas y múltiples razones que ha de elaborarse con suma racionalidad y sapiencia».
Ismael Jalil, en representación de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), sostuvo que hay «una tremenda preocupación porque cada vez que se introducen manos en los códigos penales, tanto los trabajadores como los pobres de esta sociedad quedan expuestos».
«Es una paradoja que mientras nosotros estamos intentando debatir el nuevo código, fuera de este Congreso miles de personas se disponen a marchar contra el gatillo fácil, que es una de las prácticas más repudiables que este Estado tiene».
«La modalidad del gatillo fácil constituye el 38% de las muertes en manos del Estado y en una franja de pibes que va de 15 a 25 años», aseguró.
«El proyecto parte de considerar a nuestros pibes como peligrosos y nosotros sostenemos que es al revés, que nuestros pibes están en peligro y que lo último que necesitan son reformas punitivas».
