El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que bautizó «Ofensores en Trenes». Desestima la presunción de inocencia y autoriza a las fuerzas de seguridad a exigir el documento de identidad a cualquier persona que considere sospechosa. 

El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito.

La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich .

El programa entró en marcha a través de su publicación Boletín Oficial y lleva el nombre “Ofensores en Trenes”, es decir que vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa, algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito.

Los considerandos de la resolución explican que el programa tiene por finalidad “la prevención de delitos” solamente en los trenes que a diario es utilizado por 1,2 millones de trabajadores que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal.

No es la primera vez que Patricia Bullrich focaliza sus políticas de seguridad en los trenes. Desde principios de este año, cuando lanzó el uso de las cuestionadas pistolas Táser, afirmó que uno de los lugares de utilización de esas armas serían las estaciones ferroviarias.

“En los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio”, argumentó.

Con «Ofensores de Trenes», los agentes quedan habilitados a solicitar a cualquier persona “la presentación del documento nacional de identidad”, cuya entrega “será obligatoria en todas las circunstancias”, según establece el texto difundido por el Ministerio de Seguridad.

Los datos de la persona serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad. Es decir que, por lo menos, quedará retenido.

Sin embargo, los trenes propiamente dichos no serán el único lugar donde los agentes, gendarmes o prefectos pedirán los DNI. También habrá control “en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros”. 

Es decir que los hall de estaciones, boleterías, sectores de descanso, andenes y vagones estarán prácticamente militarizados.

Tal como lo dijo con las Táser, la cartera de Seguridad sostiene que “Ofensores en Trenes” busca “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes” y poner la lupa en la “peligrosidad o modalidades que comprometan la libertad y la vida” de las personas.