En un escrito de 250 páginas, la fiscal Verónica Zamboni requirió que los acusados permanezcan en la cárcel por la acusación de homicidio agravado. Quiénes son los que regresarán a su casa: la sangre eliminada de las manos y el pacto de silencio tras comer hamburguesas

Este lunes, la fiscal a cargo del caso, Verónica Zamboni solicitó al juez que dicte la prisión preventiva para 8 de los 10 rugbiers acusados de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Hoy por la mañana, la fiscal Verónica Zamboni tomó una decisión clave en la causa que investiga el brutal crimen de Fernando Báez Sosa: pidió la prisión preventiva para ocho de los acusados hoy detenidos en el penal de Dolores por el delito de homicidio agravado.

En un escrito de 250 páginas al que accedió Infobae y que fue enviado al juez de garantías David Mancinelli, Zamboni pidió que “convierta en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo LUCAS PERTOSSI, LUCIANO PERTOSSI, MATÍAS BENICELLI, MÁXIMO THOMSEN, BLAS CINALLI, CIRO PERTOSSI, ENZO COMELLI y AYRTON MICHAEL VIOLLAZ, en virtud de existir elementos de convicción suficientes para considerarlos responsables de los hechos objeto de investigación, con el grado de participación ya analizado”.

Ciro Pertossi y Máximo Thomsen fueron acusados de ser coautores del crimen, el resto son considerados partícipes necesarios.

También, pidió que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino sean liberados. La falta de resultados positivos en las ruedas que ocurrieron a mediados del mes pasado los benefició. “A la luz del resultado negativo de la diligencia de reconocimiento de personas en relación a los encausados Guarino y Milanesi, ésta Titular de la Vindicta Pública, entiende que debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos, en relación a la conducta endilgada en autos; dado que toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados”, escribió Zamboni.

“Si bien se ha acreditado que los co-encausados estuvieron con los demás esa noche, hasta la actualidad se han llevado a cabo innumerables medidas de investigación que no han permitido vincularlos a la muerte de Fernando”, concluyó.

El extenso pedido de prisión preventiva incluye declaraciones de más de 20 testigos, chats entre los acusados recogidos por la Policía Federal tras el análisis a sus teléfonos, relevos de cámaras de seguridad y pericias de medicina legal a las lesiones que presentaban en sus manos cuando fueron detenidos. Todavía se aguardan los resultados del análisis scopométrico de marcas al par de zapatillas ensangrentadas que se encontró en la casa de Villa Gesell en donde los acusados se hospedaban, chatas de lona negra que podrían pertenecer a Máximo Thomsen. Un video del ataque mortal a Báez Sosa que filmó un transeúnte lo muestra con un par similar.

Hay filmaciones comprometedoras. La cámara de seguridad del supermercado Marina los tomó inmediatamente después del crimen, a metros de efectivos de la Policía Bonaerense. “En tal filmación se observa claramente como Ciro Pertossi se limpia sus manos en todo momento, de espaldas a los efectivos policiales, pero siendo tomado dicho accionar por las cámaras, tratando el mismo de ocultar sus manos -con posibles manchas hemáticas- al personal de Infantería, a Benicelli con una de sus manos en el bolsillo del pantalón que vestía, siendo ello claramente divisado en la filmación del momento en que se procedió a su interceptación”, asegura la fiscal.

Luego, la cámara muestra como Ciro se chupa los dedos para supuestamente remover la sangre “para no ser descubierto e identificado por el personal policial como agresor; no detectando en ése momento el personal de Infantería que efectivamente se trataba de los presuntos autores del homicidio”, concluyó Zamboni.

Los chats agregan más elementos a la acusación. La fiscal está convencida de que los rugbiers de Zárate sabían que habían matado a Báez Sosa a horas del crimen. En una conversación de audios en su grupo de WhatsApp «claramente se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los restantes integrantes del grupo que esta ahí cerca del ‘pibe’ interpretándose que se trata de Fernando (la víctima), contándoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía, y que llamaron a la ambulancia, como así también que “CADUCÓ”.

Mientras tanto, se enviaban entre ellos fotos comiendo en el local de McDonald’s en la ciudad costera, allí se lo ve Lucas Pertossi, quien filmó el ataque con su iPhone, video que fue encontrado por la PFA.

Luego, en la página 122 del escrito, la fiscal Zamboni habla explícitamente de un pacto de silencio. Un chat de Ciro Pertossi sustenta sus dichos:

“A las 06.06 horas, Ciro Pertossi dice por el grupo ‘chicos no se cuenta nada de esto a nadie’, interpretando esta representante que se trata de un PACTO DE SILENCIO que incluso los imputados mantienen hasta la actualidad; corroborando ello su participación en el hecho, como así también la total premeditación con que se cometiera el hecho”.

Thomsen es mencionado 233 veces en el texto: lo complican testigos, las filmaciones dentro de la causa y las lesiones en sus manos.

Así, el juez Mancinelli deberá resolver sobre la suerte de Milanesi y Guarino. Es improbable que se oponga, dado el peso de las afirmaciones de Zamboni. Una vez que firme los documentos, el Servicio Penitenciario Bonaerense los recibirá y los liberará de la celda de alcaidía que ocupaban en el penal de Dolores junto a los otros ocho acusados.

Para los otros ocho, el pedido de prisión preventiva marca un cambio drástico en la suerte de Thomsen, Ciro Pertossi y sus presuntos partícipes necesarios. Fuentes cercanas a su encierro aseguran que el penal de Dolores -el penal más sobrepoblado de la provincia según la Comisión Provincial por la Memoria, en donde están aislados del resto de la población y son visitados por sus familiares fuera del horario regular para las familias de los otros detenidos- es un lugar de tránsito, provisorio, que una vez firmada la prisión preventiva podrían ser trasladados a otra cárcel, posiblemente la Unidad Nº57 de Campana, más cercana a sus familias, un penal diseñado para jóvenes de 18 a 21, en su mayoría detenidos por causas de robo a mano armada.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran: “Para eso falta bastante”.