El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de lanzamiento del Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para PyMEs, por 57.500 millones de pesos, que contará con cuatro líneas de financiamiento destinadas a la inversión productiva de proyectos de mediano y largo plazo para los sectores industrial, agroindustrial y de servicios.

“Las pequeñas y medianas empresas son las que crean el trabajo en la Argentina y tenemos que promover que la producción crezca para que los argentinos lleven el sustento diario a su familia”, aseguró el Jefe de Estado desde la residencia de Olivos durante una videoconferencia que mantuvo con la empresa comercializadora de cintas aisladoras, TACSA, en el municipio bonaerense de Hurlingham.

“Debemos buscar la mejor manera de vigorizar ese desarrollo económico en la Argentina”, explicó el mandatario y definió: “En eso, el Estado debe estar muy presente porque vimos lo que pasó cuando todo quedó en manos de los mercados, lo que fue en detrimento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y solo favoreció la acumulación de más ganancias por parte de los grandes monopolios y oligopolios”.

Participaron del acto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el intendente local, Juan Zabaleta; y el presidente de TACSA, Matías Matiazzo; además de un grupo de representantes de PyMEs que anunciaron inversiones por 250 millones de pesos en el país, que generarán 300 puestos de trabajo. Asistieron también otros intendentes bonaerenses.

Al exponer, el ministro Kulfas explicó que el plan incluirá créditos directos a través del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP) y financiamiento de las bancas pública y privada, y aseguró: “Queremos reconocer este esfuerzo conjunto de la producción y el trabajo de todos los sectores para poner a la Argentina de pie”.

Además, informó que todas las líneas contarán con tasas subsidiadas de entre el 18 y el 25 por ciento.

Por su parte, el intendente Zabaleta expresó: “En Hurlingham tenemos 400 pymes, de las cuales el 50 por ciento fueron asistidas” durante la pandemia “por el ATP, con el que sostuvimos el trabajo de los argentinos”.

A su turno, el presidente de TACSA informó que la empresa pondrá en marcha una nueva planta para la fabricación de cemento de contacto y cola vinílica por 42 millones de pesos, sobre lo que aseguró: “Vamos a seguir en esta vía de crecimiento, apostando a la industria nacional, con las casi 100 familias que trabajan en la empresa, y apostando a que con trabajo se puede”.

La primera línea de inversión productiva e inclusión financiera no contará con intervención bancaria, y otorgará créditos del Ministerio de Desarrollo vía FONDEP para financiar proyectos que generen valor agregado en micro y pequeñas empresas y cooperativas que no suelen ser sujetos de crédito.

El financiamiento será de un máximo de 15 millones de pesos por proyecto, y tendrá un plazo de hasta siete años con una tasa del 18 por ciento. Dichos créditos podrán ser destinados para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones, y serán respaldados por fondos de garantía.

La segunda línea contará con créditos de inversión productiva para pequeñas y medianas empresas para el financiamiento de la adquisición de bienes de capital y construcción, o para la ampliación de instalaciones, con hasta cinco años de plazo y seis meses de gracia. Las tasas estarán bonificadas durante los primeros 24 meses.

La financiación cubrirá hasta 70 millones de pesos por PyME, que contará con una tasa bonificada del 25 por ciento, a la que se podrán sumar otros porcentajes como el 1 por ciento en caso de que se cuente con más del 50 por ciento de la composición accionaria en manos de mujeres.

En tanto, la línea de inversión productiva para proyectos estratégicos estará destinada a MiPyMEs y grandes empresas, con un plazo de hasta siete años, para proyectos de ampliación de la capacidad exportadora y que generen empleo. Se financiarán hasta 250 millones por empresa, con una tasa del 22 por ciento y un período de gracia de hasta 12 meses.

La última línea, de desarrollo federal, será específica por provincia y tendrá como objetivo facilitar la adquisición de bienes de capital nacional, construcción y ampliación de instalaciones. Se destinarán 400 millones de pesos en cada caso, con un monto máximo por proyecto de hasta 20 millones, que tendrá un plazo de cinco años. Los créditos serán llevados adelante por las entidades bancarias que defina cada gobierno provincial.