El conflicto entre las principales cámaras empresarias portuarias con la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA) y la Unión de Recibidores de Granos (URGARA) ya escaló a niveles políticos debido al grave perjuicio económico que se está causando.
El plan de lucha de ambos sindicatos, que ya lleva cinco días hábiles, generó pérdidas por unos 500 millones de dólares (a razón de 100 millones de dólares por día). En los puertos estiman que se podrá recuperar apenas una parte cuando se levante el paro.
En las terminales portuarias de la zona de sur de Santa Fe, sumadas a las del norte y sur de la provincia de Buenos Aires, hay a la fecha más de 7.500 camiones frenados al costado de las distintas rutas (sin contabilizar aquellos vehículos que lograron regresar).
Las fuentes consultadas por LPO calculan que no se pudieron exportar ni despachar de los camiones a los buques unas 240.000 toneladas de soja, trigo, maíz y cebaada por lo que, inevitablemente, se resentirá la liquidación de divisas del mes de diciembre.
Respecto a los barcos -donde se produce uno de los mayores costos económicos del paro portuario- se cuentan 85 unidades paralizadas. «Mantener frenados todos estos buques le cuesta a las empresas 2,12 millones de dólares por día», contó una fuente.
Este lunes había 10 plantas completamente paralizadas por el cese de actividades de Aceiteros y Recibidores de Granos. Sólo tres compañías (ACA, ADM y Cadecra), que cerraron la partidaria 2020, podían recibir camiones y despachar mercadería.
Como sea, el paro se empezó a sentir fuerte en los campos. Los operadores del mercado de granos recomiendan los productores que no comercialicen si no tienen garantizado el almacenamiento de la producción y su despacho correspondiente a los puertos.
Los cultivos más afectados por la situación son el trigo y la cebada que se exportan, mayormente, vía el puerto de Bahía Blanca y Quequén. «Se están generando graves consecuencias en todo el sector», advirtió Daniel Pelegrina, presidente de La Rural.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, decidió intervenir en el conflicto y citó este lunes a ambas partes para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto salarial. El tema es que hay empresarios que no están dispuestos a negociar mientras perdure el paro.
Los sindicalistas exigen un aumento salarial del orden del 48%, al tiempo que los empresarios ofrecen igualar la suba de sueldos con la inflación anual oficial publicada por el INDEC. Es decir, entre ambas puntas existe una brecha de al menos 10 puntos.
Un dato no menor es que también se sumó al paro de Aceiteros y URGARA el Sindicato de Obreros del Departamento San Lorenzo (SOEA). En esa zona de la provincia de Santa Fe, de hecho, no había una sola planta en funcionamiento.
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales aseguró que URGARA está impulsando el paro con el objetivo de asumir la representación gremial del personal de dicha Cámara. «Utilizan una medida de fuerza para resolver conflictos inter-sindicales», apuntaron.
En noviembre las principales empresas agroexportadoras nucleadas en CIARA-CEC liquidaron unos 1.734 millones de dólares, al tiempo que en los primeros once meses del año la liquidación de divisas del sector fue de casi 18.583 millones de dólares.
En este contexto, Pablo Palacio y Daniel Yofra, líderes de URGARA y Aceiteros, se mantienen firmes en el reclamo. «Ofrecen migajas a trabajadores que garantizaron el pleno funcionamiento de las exportaciones y los puertos en la pandemia», señalaron.
Yofra redobló la apuesta y fue por más. «No vamos a levantar la huelga. Un trabajador necesita entre 93 y 94 mil pesos por mes para vivir dignamente. Somos entre 12.000 y 15.000 laburantes que estamos unidos en el reclamo», afirmó el sindicalista.
