La iniciativa de legalización del aborto inicia su trámite en el Senado. Se espera que el martes 29 llegue al recinto para su tratamiento.

Nuevo paso para la iniciativa de legalización del aborto. El Senado de la Nación comenzará a partir de este lunes con el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado el pasado viernes por la Cámara de Diputados, con la intención que la firma del dictamen sea en los próximos días y que pueda ser tratado en el recinto el próximo 29 de diciembre.

El tratamiento en comisiones se pondrá en marcha a partir de las 14, cuando senadores y senadoras se reúnan para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

De acuerdo al plan de trabajo propuesto para esta semana, se prevén cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.

Con quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, el bloque oficialista del Senado espera lograr fácilmente el dictamen necesario para girar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre, unos días después de la Navidad.

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018 y chocara posteriormente con el rechazo de la cámara alta 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

Sin embargo, de acuerdo al «poroteo» realizado en la ocasión, los cálculos dan una ventaja en favor de la sanción de la ley.

El proyecto

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.