Tras la inflación récord mensual en 20 años de 7,4%, el Gobierno avanzó en el anuncio de bonos para jubilados aunque demoró la convocatoria a discutir precios y salarios entre empresarios y gremios, a la espera la próxima semana también de la reunión del Consejo del Salario.
Los principales gremios encararán a partir de octubre una reapertura de paritarias a nivel individual pero los acuerdos se cerraron con una expectativa de 60% de inflación y hoy escala -anualizada- al 80% en la proyección moderada.
Con salarios que corren por detrás de los precios, ¿por qué el Gobierno no puso en marcha una negociación por recomponer ingresos? Por un lado, está la habitual dificultad de dictarle al sector privado un aumento, algo que puede hacer en otros términos cuando se trata de estatales o jubilaciones.
SALARIOS, CONSUMO E INFLACIÓN
Pero del otro, en los despachos oficiales dan cuenta de una relación que explica por qué hay un enfriamiento en términos de ingresos: la relación entre los aumentos salariales y la inflación.
En la concepción oficial «las paritarias no generan inflación», pero si sostienen un nivel de consumo, que le da aire a los formadores de precio para aumentar los valores y mejorar sus márgenes de rentabilidad. «Los ajustes salariales dificultan la baja de la inflación porque sostienen la demanda», detallan.
Para agosto se prevé que la inflación se mantendrá en un piso del 6% y luego ese escalón no bajaría del 5% hasta fin de año. Las ventas en los supermercados cayeron -0,6% interanual a precios constantes según el último dato del Indec, mientras que los shoppings siguen mostrando la recuperación pospandemia.
Pero el consumo creció con la llegada de las primeras cuotas paritarias de marzo y no permitieron desacelerar los precios, según la explicación oficial, en el nivel que se había anticipado, junto con el combo de la suba de los precios internacionales y las tensiones cambiarias que elevaron la brecha del dólar y la referencia del blue.
El ritmo de circulación de dinero impacta en lo que para muchos es la antesala de un régimen de alta inflación.
Hasta ahora el Gobierno no mostró señales de poder controlar la formación de precios a la que le apuntan y como resultado, los ingresos se atrasan para contener la demanda y -en esa teoría- el poder de remarcación. La recomposición de ingresos para los trabajadores informales, monotributistas y aquellos que no están representados por sindicatos con poder de fuego sigue en espera, aunque el ministro de Economía, Sergio Massa, dio lugar a contactos informales con la UIA y la CGT para preparar esa convocatoria.
El equilibrio es difícil. El salario mínimo llega a la mitad de la canasta básica en $ 47.000, hoy en $105.000 según el Indec. La inflación, en tanto, trepa al 46% en el año y la interanual a julio ya marca 71%, por arriba de las paritarias negociadas para el año.
La pobreza, con estas cifras, volvería a marcar un 40% en este semestre y la situación social es preocupante. Según un reciente informe de Unicef, un millón de chicos se saltea al menos una de las cuatro comidas diarias en la Argentina.
INFLACIÓN DE RAÍZ
Pero en el medio el Gobierno busca dar señales fiscales para bajar la inflación desde la raíz, el gasto y la emisión monetaria, más allá de los efectos de la remarcación. También busca dólares para despejar la incertidumbre cambiaria y evitar que la brecha siga recalentando los precios, por fuera del consumo.
La teoría del enfriamiento, lejos de ser maquiavélica, se explica por el escaso margen de maniobra fiscal para sostener ingresos -otro refuerzo de Anses, estilo IFE-. Economía viene de anunciar -esta vez sí- la segmentación de los subsidios con una baja de 0,5% del PBI para 2023. El Gobierno espera un impacto acotado en la inflación, pero se verá en la suba de los precios regulados.
