El reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que elimina aranceles para productos forestales y de floricultura, puso nuevamente en foco el potencial exportador de las economías regionales. Sin embargo, en el Chaco, una medida judicial mantiene paralizada la forestoindustria, generando cuestionamientos al Gobierno por la falta de políticas que permitan aprovechar la oportunidad internacional.

Desde hace más de 50 días, una cautelar del Superior Tribunal de Justicia (STJ) detiene toda la cadena forestoindustrial chaqueña. La acción judicial, impulsada por una organización ambientalista, interrumpe la actividad productiva primaria e industrial, afectando la economía y el empleo local.

El contraste con la política nacional fue inmediato. El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que provincias como Corrientes, Chaco y Formosa podrán exportar productos forestales sin aranceles, en un mensaje que buscaba mostrar los beneficios del acuerdo.

Para los sectores productivos chaqueños, la realidad es otra: el único rubro que mantiene exportaciones es el carbón vegetal, con una operatoria en retroceso por precios internacionales bajos y escasez de materia prima. La exportación de madera dimensionada, muebles y madera aserrada no puede avanzar debido a la restricción judicial y la falta de apoyo estatal, lo que limita cualquier posibilidad de desarrollo industrial.

“Al Chaco, el acuerdo lo encuentra en pantalones cortos y en pantuflas”, resumió un industrial del sector, reflejando el descontento de empresarios y trabajadores ante la contradicción entre anuncios oficiales y la realidad local.

El impacto económico es significativo. Según estimaciones oficiales y medios locales, las pérdidas directas del sector superan los 207 millones de dólares anuales, sumando carbón vegetal, tanino, leña, madera aserrada y muebles. Además, se registran pérdidas indirectas de 36 millones de dólares por transporte, logística y servicios asociados. En total, más de 243 millones de dólares anuales que no pueden ser aprovechados por la provincia.

La situación afecta a unas 34.000 familias chaqueñas y reabre el debate sobre la eficacia de las políticas nacionales para las economías regionales, especialmente cuando los beneficios internacionales chocan con medidas judiciales locales y la falta de acompañamiento estatal.

El conflicto plantea preguntas clave: ¿cómo puede el Gobierno garantizar que los acuerdos internacionales se traduzcan en desarrollo real para las provincias? ¿Cuál será el rol de la política frente a las medidas judiciales que paralizan la producción? Mientras tanto, la forestoindustria del Chaco permanece bloqueada, a la espera de una resolución que permita aprovechar un mercado global que hoy le queda fuera de alcance.