a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó este miércoles la libertad del ex ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza.

Además, ordenó su detención tras acusarlo por cometer el delito de trata de menores con fines de explotación sexual, en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan a 1999 y por la cual hay otros implicados.

En marzo, Corazza había sido procesado en primera instancia por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual tras ser acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. Por ese motivo, fue detenido en su casa de Tigre el pasado 20 de marzo. Sin embargo, en esa oportunidad, el juez Javier Sánchez Sarmiento dictó la falta de mérito, lo dejó libre y solo le atribuyó el delito de corrupción de menores.

El productor televisivo está involucrado en la investigación junto a otros tres sospechosos por autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas. Por esta razón, decidieron revocar «lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva, debiendo el juez de grado ordenar su inmediata detención«.

Tras la solicitud del fiscal Ricardo Sáenz, el productor televisivo fue acusado además por asociación ilícita. De esta forma, la investigación a cargo del juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento seguirá con Corazza y los otros tres implicados (Raúl Mermet, Andrés Fernando Charpenet y Francisco Rolando Angelotti) detenidos.

Sumado a esto, los jueces consideraron que «se comparte con la Fiscalía que, de permanecer en libertad, y dado el avance que exhibe la causa, Corazza pueda obstaculizar la recolección de nuevas pruebas o testimonios vinculados con la investigación«. Ante el pedido de procesamiento con prisión preventiva, el ex Gran Hermano se entregó esta tarde junto su abogado ante la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.

Los jueces de la Sala V de la Cámara consideraron que los cuatro hombres cometieron el delito de trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, todos ellos en concurso real.

Para determinar el procesamiento, el Tribunal valoró todas las declaraciones de los menores víctimas de los hechos, identificados como 1, 2, 3, M, T y B. También se tuvieron en cuenta las conversaciones vía chat que mantuvieron los imputados y cuya información fue posible con el análisis de sus teléfonos secuestrados tras quedar detenidos por orden del juzgado a raíz de una denuncia de febrero de este año.

«Todas las personas entrevistadas presentaron un discurso claro y ordenado, se mostraron predispuestas a entablar un diálogo con las profesionales intervinientes, sin manifestar reticencia frente a las preguntas que les fueron efectuadas, solamente pudor al referirse a ciertos temas específicos. A lo largo de las entrevistas sus discursos fueron claros, sin evidenciar dificultades de comprensión, pudiendo mantener un diálogo cordial y fluido con las profesionales», fue la conclusión del personal del Programa Nacional de Rescate que entrevistó a las víctimas.

La Cámara evaluó que los mayores acusados «duplican» en edad a las víctimas. En cuanto al método de captación, determinaron que habría sido la «seducción» por medio de «regalos y promesas», para luego aprovecharse de eso y abusarlos sexualmente. 

En el caso de Corazza, se trata de un hecho de 2001, luego que ganara la edición del Gran Hermano que se realizó ese año, cuando se habría masturbado en un vehículo en la vía pública frente a un menor de edad, víctima en la causa.

Al analizar el delito de asociación ilícita, los magistrados consideraron los hechos investigados «suficiente como para alterar el sano desarrollo de la esfera psicosexual de la víctima». «La multiplicidad de actos, su reiteración, gravedad e índole dan cuenta de la estabilidad, permanencia en el tiempo y organización de la banda que trató a las víctimas como objetos con la finalidad de abusar de ellas, lesionando su integridad sexual y libertad de autodeterminación afectando su dignidad personal», señaló la Cámara en el fallo.

Sumado a esto, manifestaron que los acusados, en particular Angelotti, habría captado a dos víctimas «a través de un proceso de despersonalización, logrando un vínculo afectivo, con claros fines sexuales, propios y ajenos».

Sobre el productor televisivo, la Cámara tuvo en cuenta el testimonio de un menor que afirmó que hubo un «encuentro sexual» en un garage, en el cual habrían participado el ex Gran Hermano y Angelotti, entre otros. Asimismo, para los investigadores, él era un consumidor del abuso sexual de los menores que captaba la organización.

«Corazza acordaba con Angelotti para que le facilitara y entregara a los niños con el objetivo de abusar sexualmente de ellos, como refirieron claramente las ‘víctimas 1 y 3’. La participación en los hechos que se le atribuyen, corrobora su intervención en la organización permanente, estable y con continuidad en el tiempo para cometer este tipo hechos, de la que forman parte todos los acusados, quienes prestaron para ello un acuerdo criminal, cuanto menos tácito, donde existen algunas conductas con mayor grado de injusto», sostuvo el tribunal.

«Cabe señalar que los hechos realizados tanto por los imputados Corazza y Mermet como por Angelotti y Charpenet constituyen episodios de abuso sexual con contenido corruptor de la sexualidad de las víctimas en función de la perversión de los hechos, lo prematuro y la forma de comisión», detallaron.

Por otro lado señalaron: «Se presentan indicios que colocan a Corazza en más de un único episodio, circunstancia que amerita concluir que resulta razonable y prudente la calificación legal postulada por la Fiscalía en este momento del proceso. A estos fines, se tiene en cuenta la prueba citada en la última ampliación del objeto procesal pedida por la Fiscalía de Instrucción, que consolida en principio esta imputación».

Además de resolver la situación de los acusados, los jueces Hernán Lopez y Ricardo Pinto entendieron que la causa debía pasar a competencia federal en función del delito de trata de personas. Por ese motivo, es probable que la investigación recale en los tribunales federales de Comodoro Py.