El diputado nacional desafió la restricción de acceso en un complejo habitacional en construcción.
El Gobierno provincial ratificó que la entrega de unidades se realizará mediante sorteo público, tras la anulación judicial de un listado municipal previo.
La localidad de General San Martín se convirtió en el epicentro de un nuevo foco de conflicto político y judicial tras la irrupción del diputado nacional Aldo Leiva en un barrio de viviendas en ejecución.
El incidente, que quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales, se produjo en un predio con acceso restringido, donde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y la Policía del Chaco mantenían un operativo preventivo para evitar posibles intentos de usurpación ilegal.
El momento de mayor fricción ocurrió cuando el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, interceptó al legislador nacional y al diputado provincial Rubén Guillón.
La autoridad provincial les advirtió de manera taxativa sobre la prohibición de ingreso al área, fundamentada tanto en razones de seguridad civil —al tratarse de una obra en pleno desarrollo bajo control de una empresa constructora— como en la necesidad de resguardar el patrimonio público ante amenazas de ocupación.
Pese a las advertencias de los funcionarios y del personal policial presente, Leiva forzó su ingreso al predio, vulnerando las disposiciones vigentes y elevando la temperatura de un conflicto que lleva meses de gestación.
Desde el Poder Ejecutivo provincial se mantiene una postura inflexible respecto al método de adjudicación de estas unidades, cuya obra presenta un avance del 75% tras haber quedado paralizada durante gran parte de 2023.
El Ipduv ratificó que el único mecanismo válido para el acceso a las viviendas será el sorteo público, garantizando así la transparencia y equidad para todos los aspirantes registrados.
Esta medida surge como respuesta directa a un listado de adjudicatarios impulsado previamente por el municipio local, el cual fue declarado nulo por la Justicia al detectarse que no cumplía con los requisitos legales mínimos y omitía los procesos de selección correspondientes.
La preocupación de las autoridades radica en la utilización política de la necesidad habitacional.
Desde la Policía del Chaco informaron que se mantendrá un fuerte despliegue de seguridad en el perímetro de la obra para evitar cualquier tipo de asentamiento irregular. Asimismo, advirtieron que cualquier ingreso no autorizado será judicializado de inmediato.
El Gobierno aclaró que se respetarán aquellas adjudicaciones que sí fueron realizadas por sorteo en etapas previas, pero que el remanente de las casas será incorporado al nuevo proceso una vez finalizadas las tareas de infraestructura básica y servicios esenciales.
Este episodio en San Martín no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de antecedentes similares que involucran al legislador nacional en situaciones de confrontación directa.
Meses atrás, se registraron incidentes similares en Margarita Belén, donde una disputa por viviendas terminó con denuncias cruzadas por ocupaciones irregulares y la alteración de los proyectos originales.
Con la Justicia observando de cerca cada movimiento, el Gobierno provincial busca blindar el sistema de sorteos públicos como única vía para evitar el clientelismo y asegurar que las familias chaqueñas accedan a su hogar bajo estrictas normas de seguridad jurídica.
