Cientos de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron este domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, sedes de los poderes en Brasilia, causando numerosos destrozos.

«Este hecho no tiene precedentes en la historia de Brasil», dijo Lula en conferencia de prensa, en la cual anunció la intervención federal del Distrito Federal. El apoyo de Alberto Fernández a Lula. Al menos 400 bolsonaristas detenidos.

«LA SITUACIÓN EN BRASILIA ESTÁ CONTROLADA»

 Brasilia amaneció este lunes con el orden público bajo control pero con rastros de destrucción en varias áreas del centro del poder de la capital brasileña, tras el violento asalto del domingo de miles de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes.

«La situación en Brasilia está controlada», afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.

Capelli, un alto funcionario del Ministerio de Justicia, asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenara una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente al ataque a las instituciones de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

Capelli afirmó que las fuerzas policiales de Brasilia, ahora bajo su comando, reiniciaron a primera hora las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

«Ya estamos en campo nuevamente. Los criminales seguirán siendo identificados y sancionados. No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planos contra el Estado Democrático de Derecho», afirmó el interventor.

EL TRIBUNAL SUPREMO SUSPENDE AL GOBERNADOR DE BRASILIA 

Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de este domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que «la escalada violenta» contra la sede de los tres poderes «solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,» de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un «hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña».