El presidente Donald Trump suspendió el viernes por decreto la llegada de refugiados a Estados Unidos e impuso nuevas trabas a viajeros procedentes de siete países musulmanes, con el fin de evitar la entrada de «terroristas islámicos radicales».

Cumpliendo así otra promesa electoral, Trump estableció un mecanismo de «chequeo extremo» para «mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos».

Estados Unidos sólo recibirá «a quien apoye a nuestro país y a quien ame a nuestro pueblo», señaló durante la investidura de James Mattis como secretario de Defensa en el Pentágono.

La medida suspende totalmente el programa estadounidense de acogida de refugiados durante al menos 120 días, mientras se concreta el futuro sistema de verificación de visas.

Los nuevos protocolos deben «garantizar que los aprobados como refugiados no supondrán una amenaza a la seguridad o bienestar de Estados Unidos».

Además, prohíbe específicamente la llegada de refugiados sirios de forma indefinida o hasta que el mandatario decida que no son un peligro para el país. Mientras tanto, las autoridades no concederán visas durante 90 días a migrantes o visitantes procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

En el año fiscal 2016 (que va del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016) el país admitió a 84.994 refugiados de diversas nacionalidades, incluyendo unos 10.000 sirios.

Durante la renovación del sistema de visas se harán algunas excepciones a personas pertenecientes a «minorías religiosas», que favorecerán principalmente a los cristianos.

LLAMAMIENTO DE LA ONU

En una declaración conjunta desde Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) instaron a Estados Unidos a continuar con su tradición de acoger refugiados.

«La OIM y ACNUR esperan que Estados Unidos siga desempeñando su papel importante de líder y prosiga con su larga tradición de protección de los que huyen de los conflictos y de las persecuciones», señala la declaración.

 «Estamos profundamente convencidos de que los refugiados deben recibir un trato equitativo y oportunidades de reasentamiento, independientemente de su religión, nacionalidad o raza», insistieron.

Otros defensores de los derechos humanos y organizaciones de protección a los refugiados también condenaron la decisión de Trump.

La activista paquistaní Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel de la Paz y víctima de un atentado perpetrado por los talibanes en 2012, afirmó que la medida cierra puertas. «Tengo el corazón destrozado porque hoy [viernes] el presidente Trump le ha cerrado las puertas a niños, madres y padres que huyen de la violencia y la guerra», manifestó en un comunicado.

El director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Anthony Romero, señaló que el «chequeo extremo es solo un eufemismo para discriminar a los musulmanes».

Ahmed Rehab, director en Chicago del grupo Consejo de Relaciones Islamo-Estadounidenses, dijo a la AFP que el decreto «afecta a gente apenas basado en su fe religiosa y origen nacional, y no por su carácter».

Su organización no descarta combatir el decreto mediante procesos ante la justicia. Pero la noticia fue aplaudida por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un peso pesado del Partido Republicano, quien subrayó que «es tiempo de reevaluar y reforzar el proceso de verificación de visas».

Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohani, criticó a Trump, sin nombrarlo, al considerar que no son tiempos para «construir muros», después de que el presidente estadounidense firmara un decreto para iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.

«Hay que suprimir los muros entre los pueblos. El mundo de hoy no es un mundo en el que se refuerzan las diferencias entre las naciones», dijo el presidente iraní en un discurso retransmitido por la televisión pública.

«RECONSTRUIR UN GIGANTE»

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense firmó un decreto que sienta las bases para una «gran reconstrucción» del aparato militar. «Nuestro poderío militar no será cuestionado por nadie, pero tampoco lo será nuestra dedicación a la paz. Queremos paz», añadió.

Este decreto determina que el secretario Mattis tiene ahora un plazo de 30 días para hacer una revisión de la situación general de las Fuerzas Armadas y presentar a la Casa Blanca una lista de recomendaciones para mejorar esas condiciones.