La presión habitacional en Argentina ha alcanzado un punto de quiebre. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los inquilinos debió recurrir al crédito bancario o al desahorro en 2025 para cubrir el costo de su vivienda. En Chaco, la situación se agrava por el impacto de la inflación y la precariedad laboral.

La crisis del alquiler en Argentina ya no es solo un problema de precios, sino una trampa financiera que está succionando la economía de los sectores medios. Lo que antes se resolvía con ajustes en el consumo o ayuda familiar, hoy se sostiene mediante el endeudamiento sistémico. El dato es demoledor: el uso del crédito bancario para pagar el techo pasó del 10,6% en 2022 al 18,1% en 2025, marcando un giro estructural hacia la insolvencia de los hogares.

En provincias como Chaco, donde el mercado inmobiliario se ve presionado por una oferta escasa y una demanda creciente en centros urbanos como Resistencia, el fenómeno adquiere matices dramáticos. Las familias chaqueñas, que ya lidian con una de las canastas básicas más costosas de la región, destinan hoy gran parte de sus ingresos a un gasto que el sistema estadístico oficial no termina de ponderar en su real magnitud. «Cuando el alquiler se financia con crédito, entramos en una espiral de deuda que obliga a recortar en comida, salud y educación», advierten los especialistas.

El «autodesalojo»: la deuda como factor de expulsión

El impacto de esta realidad redefine la estructura social. Organizaciones de inquilinos, como la Federación de Inquilinos Nacional y asociaciones regionales, denuncian que los costos de ingreso a una nueva vivienda —que pueden rondar los $2 millones sumando depósitos, comisiones y adelantos— empujan a los hogares al «autodesalojo».

Esta dinámica implica que la imposibilidad de pagar o renovar el contrato obliga a las familias a mudarse a zonas periféricas, reducir drásticamente su calidad de vida o, en última instancia, regresar a la casa de sus padres.

La ecuación económica es insostenible: un salario promedio de $900.000 frente a un alquiler de $400.000 deja un margen inexistente para enfrentar una Canasta Básica Total que supera los $452.000.

Cualquier imprevisto, desde una enfermedad hasta la rotura de un electrodoméstico, empuja automáticamente al hogar por debajo de la línea de pobreza.

La vivienda como motor de la pobreza invisible

Desde la Fundación Tejido Urbano señalan que, si se incorporara formalmente el costo del alquiler en la medición de la pobreza, los índices actuales prácticamente se duplicarían.

En ciudades con alta presión habitacional como el AMBA o las capitales provinciales del NEA, más del 60% de los inquilinos ya vive en una situación de «ajuste permanente», donde el empleo formal ya no es garantía de estabilidad económica.

Mientras el sector inmobiliario reclama mayor desregulación y acceso al crédito hipotecario, los inquilinos exigen una ley de emergencia habitacional y regulaciones de precios que pongan un freno a la voracidad del mercado.

En este escenario, el alquiler ha dejado de ser un simple gasto mensual para convertirse en el eje que define quién pertenece al sistema y quién queda excluido de su propio techo.