El Juzgado de Garantías Nº 2 rechazó los planteos de tres imputados contra la elevación a juicio y avaló lo actuado por el equipo de fiscales en la causa cuyo principal imputado es el ex secretario general de Gobierno y Coordinación del Chaco, Horacio Rey.

Las defensas aún pueden apelar ante la Cámara pero se descuenta que el juicio se iniciaría luego de la feria judicial.

La causa judicial que tuvo su origen en una investigación por lavado de activos en la justicia federal y que luego se abrió en el fuero provincial para indagar sobre las presuntas irregularidades en el pago de pauta publicitaria oficial a fundaciones y “empresas fantasma” quedó a un paso del juicio oral.

Es que la semana pasada el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Horacio Sandoval, rechazó los planteos de oposición a la elevación a juicio de tres de los imputados y declaró clausurada la investigación elevando la misma a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Resistencia que deberá definir cuál de las tres salas interviene, aunque se estima que se trataría de la Sala Tercera integrada por los camaristas Ernesto Javier Azcona -presidente-, María Virginia Ise y María Susana Gutiérrez y cuyo fiscal es el doctor Sergio Cáceres Olivera.

En caso de que las defensas no se impulsen nuevos recursos ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, luego de la feria judicial la Sala que quede a cargo de la causa deberá de fijar la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral.

La causa

En la causa conocida como “Pauta Oficial” se investigó el desvío de unos 70 millones de pesos del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) entre 2016 y 2018 que fueron pagados a fundaciones y “empresas fantasma” y tiene como principales imputados al exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey; al exsubsecretario de Medios, Paulo Butticé; y al hombre de confianza de Rey en Fiduciaria del Norte, Gustavo Katavich.

Además, se encuentran involucradas otras 22 personas que participaron en el armado de fundaciones y “empresas fantasma” que recibieron fondos de la pauta oficial sin haber prestado servicios, entre ellos el cuñado de Horacio Rey, Ismael Fernández, y su pareja, Susana Fernández.

En marzo de este año, el equipo de fiscales integrado por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba había dado por clausurada la investigación y la elevó a juicio. Los principales imputados, quiénes se encuentran detenidos, no apelaron esa decisión y aguardan que el mismo se realice en el menor tiempo posible.

Sin embargo, otros de los involucrados sí apelaron ante el Juzgado de Garantías e incluso ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal que confirmó lo actuado por el equipo de fiscales y el camino del juicio oral en todos esos casos.

Luego de las explosivas revelaciones que tuvieron lugar en el mes de marzo de 2018, a partir de la instrucción por lavado de activos a cargo de la justicia federal, la investigación penal preparatoria por los delitos precedentes duró menos de un año con cargos que incluyen asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, entre otros.

La causa cuenta con 25 imputados, varios de ellos con prisión preventiva. Además, cuenta con 14 mil fojas en 50 cuerpos.

El requerimiento tiene 1100 páginas donde se detallan unas 500 pruebas. Hay 70 millones de pesos en embargos, entre los que se incluye un edificio que pertenece a uno de los imputados.