El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los empresarios de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa Papel Prensa, en la que se investigaba la transferencia de acciones de la empresa en la última dictadura militar.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, que murió en 1976 en un sospechado accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Tanto Papaleo como Ianover fueron secuestrados durante la última dictadura militar y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Pero la Justicia le dio la espalda a la acusación.

La investigación comenzó en 2010 en el Juzgado Federal 3 de la Plata, luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner indicara a la Secretaría de Derechos Humanos que se constituyera como parte querellante en el expediente.

Para el juez Ercolini, «no han logrado probarse las hipótesis de imputación», y «no existen elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina».

El polémico fallo concluyó además que «corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados» y las acusaciones «deben ser desechadas definitivamente» y que «ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver».

Ercolini justificó su decisión en tres respuestas a las hipótesis de la fiscalía: por un lado, señaló que «no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de PPSA el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas. Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros».

En segundo lugar, «no se ha probado una relación causal entre los gravísimos delitos declarados de lesa humanidad sufridos por los integrantes y allegados al Grupo y la venta de la empresa Papel Prensa S.A».

Y finalmente agregó que «no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa».

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