Productores del noroeste bonaerense, asfixiados por nuevas inundaciones, acusan al Gobierno Nacional de desfinanciar el Fondo Hídrico mientras los caminos rurales están «detonados».

La tensión escala ante la parálisis de la obra pública y la millonaria recaudación del impuesto a los combustibles que no vuelve a las rutas.

El conflicto entre el sector agropecuario y la administración de Javier Milei ha alcanzado un punto de ebullición.

Productores rurales de la provincia de Buenos Aires denunciaron que el Poder Ejecutivo mantiene inmovilizados 189 mil millones de pesos correspondientes al Fondo Hídrico Nacional, un fideicomiso que se nutre directamente de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles y que, por ley, debe destinarse a infraestructura y mitigación de inundaciones.

La situación es desesperante en localidades como Nueve de Julio y Carlos Casares. Tras meses de una emergencia hídrica que ya cumple más de un año, las recientes lluvias volvieron a colapsar caminos troncales, impidiendo la salida de la producción lechera y amenazando la próxima cosecha.

«Es un buen momento para dejarse de joder con la estupidez de ‘no obra pública’.

Si no la vas a hacer, dejá de cobrar el impuesto», sentenció Patricia Gorza, dirigente de Federación Agraria, quien visibilizó el avance del agua dentro de los cascos urbanos.

El contraste de los números: recaudación récord y ejecución cero

La indignación del campo radica en la voracidad fiscal que contrasta con la nula inversión en territorio. Según datos del sector, mientras el Gobierno proyecta para 2026 una disponibilidad de 343.000 millones de pesos en el Fondo Hídrico, la ejecución durante 2025 fue prácticamente nula.

Esta parálisis administrativa desaprovechó la ventana crítica del verano para realizar limpieza de canales, alcantarillado y mantenimiento de rutas.

En este contexto, las promesas oficiales son vistas como «una tomada de pelo». Los productores recuerdan con amargura los 1.900 millones de pesos prometidos por Patricia Bullrich a finales del año pasado; una cifra que no solo tardó dos meses en llegar, sino que fue calificada como «puro humo» frente a la magnitud del desastre estructural.

En términos reales, el aporte nacional apenas cubrió unos pocos miles de litros de gasoil para municipios que ya cobran tasas viales sin contraprestación.

Una trampa tributaria en el surtidor

El marco legal que el Gobierno parece ignorar es la Ley 23.966, que obliga a Nación a destinar el 28,58% de la recaudación del impuesto a los combustibles al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte.

Sin embargo, la realidad en los surtidores cuenta otra historia: el gravamen pasó de representar el 10% del precio final de la nafta en 2022 al 20% en marzo de 2026.

Hoy, de un litro de nafta que promedia los $2.000, cerca de $400 son carga tributaria interna destinada teóricamente a obras que no aparecen. Para Andrea Passerini, productora tambera, el sentimiento es de abandono total: «Las vacas enterradas en el barro y rutas detonadas. La indiferencia indigna».

Con cosechas por levantarse y el agua ganando terreno, el campo advierte que otro año de inacción oficial será intolerable para la supervivencia del sector.