A través de una medida publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso una profunda reconfiguración en los mecanismos administrativos previos para la designación de los integrantes del máximo tribunal, así como para cargos clave en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

La normativa implementa una flexibilización de los requisitos vigentes desde 2003, con el argumento oficial de simplificar la burocracia, acortar plazos institucionales y concentrar el debate definitivo en el ámbito legislativo.

Las modificaciones introducidas suprimen la instancia de impugnaciones y observaciones ciudadanas directas ante el Ministerio de Justicia que conducía a una preselección en la órbita del Ejecutivo. Asimismo, la nueva disposición elimina la obligatoriedad de publicar las candidaturas en diarios de papel de circulación nacional y las recomendaciones explícitas de contemplar criterios de paridad de género, especialidad jurídica y representación geográfica de las provincias.

Desde la Casa Rosada fundamentaron la decisión sosteniendo que las garantías de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil se mantendrán debidamente resguardadas durante las audiencias públicas en el Senado de la Nación, instancia constitucional que requiere una mayoría agravada de dos tercios para convalidar los pliegos.

La oficialización de este nuevo marco normativo se produce en un escenario de complejas negociaciones institucionales destinadas a cubrir las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los ámbitos jurídicos y políticos se interpreta que esta celeridad de procedimientos busca allanar el camino de diálogo abierto con sectores del propio tribunal y avanzar en el tratamiento de candidatos para completar la composición del cuerpo.

No obstante, desde la administración central aclararon que la flexibilización no altera las exigencias fiscales previas de los postulantes, quienes deberán someterse a informes detallados sobre su cumplimiento tributario antes de que sus nombres sean elevados al Parlamento.