El misterio en torno al paradero de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido en la localidad chaqueña de Fontana, se profundiza al cumplirse un mes de su última visualización. El caso, que mantiene en vilo a la provincia, no registra indicios concretos sobre su ubicación actual, a pesar del despliegue de múltiples allanamientos, rastrillajes y la intervención de la justicia.

Ante el estancamiento de los resultados operativos, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan localizarlo, una medida que fue tramitada por el Gobierno del Chaco a solicitud de la Procuración General de la provincia.

La reconstrucción de los hechos indica que el joven se retiró de su domicilio en el barrio Takay con el propósito de dirigirse a la vivienda de su novia en Puerto Vicentini durante la transición entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de mayo pasado, un trayecto que nunca completó.

En el plano judicial, la causa inicialmente derivó en la aprehensión de siete personas, de las cuales tres permanecen privadas de su libertad bajo distintas imputaciones. Entre los detenidos se encuentra Ramón Antonio Gómez, alias «Kuno», exsuegro de la víctima y poseedor de antecedentes por estupefacientes, quien enfrenta cargos por amenazas simples. Los otros dos involucrados, Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Iñiguez, ambos con historial delictivo previo en la zona, permanecen imputados por encubrimiento.

Paralelamente, la investigación penal dio un giro institucional significativo tras el reclamo público de la familia, que apunta de manera directa contra la fuerza de seguridad local. Durante una masiva movilización realizada en Resistencia, la madre del joven, María Gómez, denunció públicamente a los efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana, manifestando la sospecha de que su hijo habría sufrido un exceso por parte de los uniformados.

Esta grave hipótesis motivó la reconfiguración del abordaje judicial, que pasó de estar en manos de la fiscalía de derechos humanos a ser coordinado por un equipo fiscal especial integrado por la jueza de Cámara Noelia Encinas y la fiscal de investigación número 14, Julieta Arolfo.

Como primera medida drástica, las magistradas decidieron apartar a la Policía del Chaco de las tareas de inteligencia criminal, limitando su participación exclusivamente a labores de rastrillaje y búsqueda física.