La movilización de este jueves hacia Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador, se presenta como un termómetro crítico para la central obrera.

Debilitada por reveses judiciales y el desaire de la cúpula eclesiástica, la cúpula sindical busca enviar un mensaje de supervivencia tanto al Gobierno como al peronismo residual y a sus propias facciones rebeldes.

La fisonomía de la protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha mutado drásticamente desde su concepción original hasta su ejecución efectiva este jueves.

Lo que inicialmente se proyectaba como un despliegue de fuerza incontenible, inspirado en la masividad del pasado 24 de marzo, llega a las puertas de la Casa Rosada con un «combustible anímico» visiblemente mermado.

Dos factores externos han erosionado el ímpetu de la convocatoria: el desplazamiento de la causa contra la reforma laboral hacia el fuero Contencioso Administrativo —un terreno que el oficialismo percibe como propio— y el retiro estratégico de la jerarquía de la Iglesia católica, que decidió no bendecir el acto con la presencia del arzobispo Jorge García Cuerva.

Este vacío religioso no es casual y en los pasillos de Azopardo se lee como una maniobra de pinzas ejecutada desde el Ministerio de Capital Humano.

La sospecha de los líderes sindicales apunta a una gestión política que habría ofrecido a la Iglesia una participación activa en el rediseño de los planes sociales a cambio de su ausencia en la movilización.

Ante este escenario, la CGT debió conformarse con un gesto de la periferia eclesiástica: una ceremonia liderada por el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, cuya figura está más ligada a la militancia de base en la Villa 21-24 que a la diplomacia de la Catedral metropolitana.

Este cambio de interlocutor es un síntoma del aislamiento que la central obrera intenta romper mediante la ocupación del espacio público.

Sin embargo, el frente judicial es el que más preocupa a la jerarquía sindical. El traspaso del expediente sobre la reforma laboral desde el fuero del Trabajo hacia el Contencioso Administrativo representa un golpe táctico para la CGT, que había encontrado en los jueces laborales un refugio para sus medidas cautelares.

Con la ley 27.802 plenamente vigente tras la revocatoria del efecto suspensivo, el Gobierno de Javier Milei se siente fortalecido para avanzar con la reglamentación de los puntos más ríspidos de la reforma, dejando a la conducción gremial en una posición de vulnerabilidad técnica que solo puede compensar con el «músculo» de sus afiliados en la calle.

Más allá de la confrontación directa con el modelo libertario, la marcha esconde una disputa de poder silenciosa hacia el interior del peronismo y de la propia central. La CGT necesita demostrar que sigue siendo un actor con derecho a veto en el armado de listas para el 2027, evitando el destino de ser un mero espectador en la reconfiguración del PJ.

No obstante, el desafío más inmediato proviene de su propio riñón: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

Este bloque, liderado por figuras como Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (Aceiteros) y Rodolfo Aguiar (ATE), presiona por una profundización del conflicto. La autonomía con la que se moverá este sector durante la jornada y su llamado a un plenario disidente el viernes exponen las grietas de una cúpula que, mientras intenta contener el ajuste oficial, debe lidiar con la amenaza de un paro por tiempo indeterminado impulsado por sus bases más combativas.