El Gobierno y la CGT encaminaron ayer la discusión sobre un inminente blanqueo laboral con condonación de multas para empleadores, a cambio de un salvataje destinado a las obras sociales sindicales y un posible levantamiento de las intervenciones dispuestas sobre varios gremios.

Fueron los acuerdos centrales alcanzados en la reunión que mantuvo el ministro Jorge Triaca con los dirigentes del triunvirato y la mesa chica de la central obrera.

El encuentro, en la sede de la cartera laboral, ratificó la temporada idílica que atraviesa la administración de Mauricio Macri con el sindicalismo tradicional luego de la marcha a la Plaza de mayo del 22 de agosto y los amagues de retomar medidas de fuerza, hoy descartados por completo.

Ayer se reunieron con Triaca los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, los «independientes» Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri (gremialistas con historial oficialista) y el metalúrgico Francisco Gutiérrez.

No hubo representación formal del sector que lidera Hugo Moyano, el que hasta hace un mes propiciaba con más énfasis la conflictividad.

La charla se dio bajo la premisa de despejar de la opinión pública la posibilidad por parte del Gobierno de promover una reforma laboral integral a imagen y semejanza de la de Brasil.

Sin embargo, se avanzó sobre dos tópicos puntuales reformistas: un proyecto de ley para propender al blanqueo de trabajadores informales, sin costo alguno para sus empleadores, y el relanzamiento de un sistema de pasantías bajo la nueva denominación de «prácticas formativas».

En el primer punto ya existía un principio de acuerdo para la elaboración de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno podrá agilizar con un guiño de la CGT, clave para su tratamiento en los bloques de oposición.

Incluirá, junto con la condonación de multas y sanciones para empresarios informales, un aporte del Estado para cubrir ese faltante proporcional a una cantidad limitada de años y en función de un salario similar al mínimo, vital y móvil.

Sobre las «prácticas formativas» los sindicalistas pidieron su inclusión en los convenios colectivos de trabajo para brindarles un marco de mayor estabilidad que la habitualmente asociada a las pasantías.

En este aspecto el Gobierno puso como zanahoria la suelta de unos 700 millones de pesos de fondos públicos para destinarlos a los sindicatos como recursos para capacitación. 

Triaca, como parte de un combo de seducción a la CGT, puso sobre la mesa otros dos beneficios que garantizaron el mejor clima para el encuentro.

Uno, la puesta en marcha de la demorada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, prometida por Mauricio Macri y cuyo objetivo será poner un límite a las prácticas de salud y remedios ordenados por la Justicia a las obras sociales sindicales y las prepagas a partir de demandas de los afiliados.

El Gobierno había prometido lanzarla por decreto pero congeló la medida cuando la relación con los sindicatos tradicionales se agrió.

El otro ofrecimiento del ministro fue la instalación de una mesa de evaluación y seguimiento de las intervenciones practicadas por el Gobierno y la Justicia sobre varios gremios para acelerar sus eventuales normalizaciones.

Se trata de una manera sutil de darles a entender a los dirigentes que se apaciguará el impulso interventor del Ejecutivo.