Macri tiene la información al detalle del contenido de las explosivas confesiones que se acomodan en el despacho del juez Claudio Bonadio.
Su nexo mas eficiente, es Daniel Angelici de vinculo directo y hasta cierta jefatura sobre el fiscal Carlos Stornelli. Comparten la militancia en Boca, pero mas importante años de confianza.
Pero no es el único conducto que tiene Macri para saber que esta pasando con la causa mas importante del país. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, logro construir un buen vinculo con Bonadio.
En el pico de la tensión por el decreto que eliminó el Fondo Sojero, Macri le hizo saber a los gobernadores a través de uno de sus ministros, que si tiene que utilizar la información de la causa para presionarlos, lo hará.
No fue casual que la cumbre convocada para este viernes pasado en el CFI a la que iban a ir todos los gobernadores peronistas, mas la CGT, Sergio Massa y Miguel Pichetto, haya terminado deslucida, con algunos pocos mandatarios y un puñado de vices.
Se suponía que iba a ser la gran demostración de fuerza del peronismo y del quince mandatarios provinciales, apenas aparecieron cuatro.
Esto no significa que la causa este bajo control de Macri o necesariamente se haya originado por una operación del Gobierno.
De hecho, fuentes al tanto de lo que ocurre en el juzgado confirmaron que la dimensión que adquirió el expediente con las confesiones de empresarios, ya empezó a desbordar a Bonadío y Stornelli.
Esto se ve sobre todo en la demora del juez en tomar una determinación con la Paolo Rocca, luego que el líder de Techint se incriminara públicamente en un encuentro con Macri y los principales empresarios del país.
No es poco lo que está en juego. La negociación del gobierno con los gobernadores peronistas es central para el futuro del programa económico que Macri acordó con el FMI. La caída del decreto del Fondo Sojero seria una pésima señal hacia el acuerdo de un ajuste que representa un recorte mas de diez veces superior a esa poda.
Con un agravante: Si queda en evidencia que en el extremo, Macri tampoco tiene fortalez politica como para avanzar con el ajuste por la vía del decreto, se pone en duda la solidez del Plan B del Gobierno que es prorrogar el presupuesto actual, si el peronismo no acuerda el presupuesto del 2019 que deberá contener el recorte de 300 mil millones. No sancionar el presupuesto sería además una pésima señal hacia el exterior.
La pista de la corrupción que abrieron los cuadernos podría avanzar sobre las provincias por la vía de la confesión de Jose Lopez, que durante el kirchnerismo fue el encargado de repartir la obra publica en el interior. Pero no es el único, ni el único sendero.
Bonadío mantiene bajo siete llaves no sólo la confesión del ex secretario de Obras Publicas, sino también la del financista Ernesto Clarens y de Juan Chediak, sucesor de Carlos Wagner en la Cámara de la Construcción y cercano a Macri.
Los gobernadores por ahora están regulando esta tensión. Desarmaron parcialmente la cumbre del viernes, pero luego de la reunión Verna, Bertone, Manzur e Insfran, compartieron un almuerzo con Massa y Pichetto en el Senado. Y mientras tanto siguen trabajando para plantear recursos contra el decreto en la justicia.
En los máximos niveles del Poder Judicial están avisados y saben que por ahora será la política la que regule esa pelea.