El juez federal Claudio Bonadio investiga una increíble defraudación al Estado Nacional por la cual más de 250 agentes retirados del Servicio Penitenciario Federal perciben jubilaciones hasta tres veces superiores a lo que ganaban estando en actividad.

La diferencia en desmedro de la Anses por estas maniobras irregulares es de casi 4.000.000 pesos por mes. Es decir unos 50.000.000 por año.

De la presunta asociación ilícita para realizar este ardid delictivo, según la denuncia que realizó el propio Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del alcalde mayor Miguel Ángel Perrotta, participarían jueces federales, secretarios letrados, abogados e integrantes de Gendarmería Nacional que eran los encargados de verificar los domicilios denunciados por los ex carceleros que fijaban direcciones falsas en Formosa y Chaco, porque en esos juzgados los magistrados fallaban rápidamente a favor de medidas cautelares para «reajustes de haberes» presuntamente «mal liquidados» por la ANSES. En esos expedientes, se daban por cierto los dichos de los «actores» y no se investigaba, no se solicitaban antecedentes, por ejemplo al Servicio Penitenciario Federal.

La maniobra madre era la siguiente: se sumaban cada uno de los decretos que le otorgaban el aumento a esa fuerza federal. Cuando, en realidad, cada nuevo decreto invalida al anterior.

De esa manera, los funcionarios retirados conseguían multiplicar varias veces el sueldo que les correspondería cobrar según su escalafón y que los autoriza a percibir, a través de la Anses, el 82% móvil.

En el expediente ya está acreditado que el secretario de un juzgado era amigo personal del abogado –casualmente un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal- que representaba a la mayoría de los que reclamaban; y que uno de los beneficiados, que cobraba una jubilación mayor a los 150.000 pesos, era beneficiario de «un Programa Hogar (GARRAFA SOCIAL) desde octubre de 2017».

Otro, en cambio, fijó su domicilio en la ciudad de Formosa, en la casa de dos abogadas, que además eran funcionarias públicas.

La causa que instruye Bonadio –y a la cual se pudo acceder- investiga la posible existencia de «una organización coordinada para perjudicar al erario público valiéndose de figuras como la ‘mala fe procesal’, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la estafa procesal para malograr tendenciosamente el dinero destinado al pago de los retiros del personal penitenciario».

Antecedente nefasto

La maniobra contra el Estado Nacional recuerda a una causa judicial que terminó, en 2012, con la destitución de dos magistrados correntinos, la jueza Graciela Beatriz Duarte y el juez Humberto de Biase Echeverría, por otorgar más de 17.000 medidas cautelares en favor de gendarmes y prefectos a los que se habilitaba a cobrar sueldos y jubilaciones onerosas, por ejemplo, por haber estado apenas tres meses en el ejercicio de la función pública.

Por entonces, el gobierno nacional que estaba en manos de Cristina  Kirchner denominó a la maniobra como «la industria del juicio en las fuerzas de seguridad». Ahora, según la denuncia del propio SPF y que instruye Bonadio, sucedería algo similar.

Las maniobras

En el expediente, la maniobra delictiva se describe de la siguiente manera:

1) Personal Retirado o en actividad del Servicio Penitenciario Federal cobra sus haberes los cuales se encuentran discriminados por rubros de acuerdo a diferentes roles, funciones o especialidades.

2) En general, los aumentos de haberes se materializan a través de decretos firmados por el Presidente de la Nación el cual fija coeficientes que son volcados en distintos caracteres (remunerativos o no, bonificables o no). Y cada decreto invalida al anterior. En los reclamos, en cambio, se pedía sumarlos.

3) En los juicios iniciados en la Provincia de Formosa, para fijar la competencia del Juzgado Federal de dicha provincia solo se le requiere a los actores que manifiesten su domicilio real. En algunos casos, Gendarmería Nacional concurre supuestamente a los domicilios fijados a realizar la constatación. Una vez allí y ante cualquier persona que responde a sus llamados y que simplemente pueda decir que la persona requerida no está pero que efectivamente vive allí, sin realizar una constatación formal y personal, se otorga la competencia territorial pretendida.

4) Se ha detectado que existen agentes domiciliados en la casa del abogado apoderado, otros domiciliados en inmuebles propiedad o administrados por el mismo abogado, domicilios de retirados fijados en domicilios de personal en actividad de la Unidad 10 –Cárcel de Formosa- y también, en un caso particular, es en la mismísima sede penitenciaria donde un ex agente supuestamente vive.

5) Una vez fijada la competencia, el juez ordena se liquide conforme a lo peticionado, sin dar traslado del expediente principal durante años. De esa manera se inicia un trámite de alta administrativa donde se establece cuánto se le debe pagar solo en base a sus dichos y expectativas.

6) Es tal el descaro con que los actores eligen «cautelarse» en Formosa que actualmente se consultan en redes sociales (Facebook) si les conviene reclamar en la Provincia de Formosa o en la Provincia del Chaco, según la velocidad con que salen fallos acordes a sus intereses.

Domicilios falsos

Los abogados que representaban a los agentes retirados del SPF ya habían detectado que en los juzgados federales 1 y 2 de Formosa, que estaban vacantes y eran subrogados, junto a otros de Corrientes y Chaco, eran los más permeables del país para que de manera expeditiva se diese curso a los pedidos de reajustes jubilatorios y sin la mínima investigación previa.
¿Existía algún tipo de dádivas para que esto ocurriese? Es lo que deberá establecer el juez Bonadio.

Lo cierto hasta ahora es que casi 300 agentes retirados fraguaban sus domicilios para fijar la competencia de la demanda en esas provincias y en esos juzgados.

Perrotta viajó de manera personal –según consta en la causa que tramita en Comodoro Py- para verificar este hecho.

Se tomó el trabajo de visitar, al azar, el 10 por ciento de las direcciones denunciadas por quienes reclamaban. Infobae trascribe de manera textual solo algunos de esos casi 30 casos.

-Inspector General (R) Elno Ismael Canteros. Fijó su domicilio en la calle Napoleón Uriburu 135, Barrio San Pío de la Ciudad de Formosa. El domicilio no estaba habitado. Según pudo acreditar Perrotta, Canteros vive en realidad en la Provincia de Misiones y además está cobrando un Programa Hogar (GARRAFA SOCIAL) desde octubre de 2017, a pesar de cobrar 153.926,77 pesos de haber mensual de retiro.

-Alcaide Mayor (R) Dionisio Bobadilla. Supuestamente domiciliado en la Calle Pringles 1919, Barrio Fontana, Ciudad de Formosa. En ese lugar funciona un almacén atendido por su hermana Dalida Gladys Bobadilla la cual manifiesta que su hermano vive en Buenos Aires.

-Prefecto (R) Carlos Rubén Rodríguez. Supuestamente domiciliado en Avenida 25 de Mayo 401 del Barrio San Martin, Ciudad de Formosa. Curiosamente se trata del domicilio oficial de la Unidad 10, Cárcel de Formosa donde es lógico que un retirado allí no vive.

Sobre este punto, el expediente del juez Bonadío destaca: «Aun no se sabe qué tipo de constatación ha realizado el personal de Gendarmería Nacional».

Ahora bien, los domicilios que figuran en los registros en Nosis se encuentran en la Provincia de Buenos Aires y el último domicilio registrado en los archivos del Servicio Penitenciario Federal es en la calle Santiago del Estero 1036, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese lugar funciona el Círculo del Personal Superior del Servicio Penitenciario Federal.

Hazte amigo del juez

En la denuncia de Asuntos Internos del SPF se describe que los juzgados Federales números 1 y 2 de la Ciudad de Formosa; y el Juzgado Federal Número 2 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, entre otros, podrían estar vinculados con las maniobras y por esa razón el juez Bonadio investiga:

-Al «abogado apoderado en cada una de estas aventuras jurídicas, el Prefecto retirado José Luis Di Marco, amigo en la Red Social Facebook del secretario del juzgado federal número 2 de Formosa».

-Al secretario de ese juzgado, Edgardo Juvenal Dantiak, «donde se producen estas resoluciones que perjudican al Estado Nacional».

El sumario y la denuncia de Perrotta destaca que «solo las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Federal 2 de Formosa asciende a 262».

De acuerdo con el cálculo que agregado a la causa, «la distorsión que se produce entre el último haber abonado previo a la fijación de la medida cautelar y el haber de retiro mensual que actualmente cobran los 262 agentes penitenciarios retirados, cautelados solo en la Provincia de Formosa, y más precisamente en sentencias otorgadas por el Juzgado Federal 1 y 2 de esa Provincia, asciende a la suma de $3.824.043/mes. Dinero que es aportado por INSSJP de forma solidaria con nuestra caja de retiros».

Una verdadera millonada de pesos, ya que si se suman los montos otorgados solo en dos años que se investigan, el total asciende a casi los 100.000.000 de pesos.

Solo de esta manera se comprende la defraudación a la Anses y a los jubilados en tiempos de ajuste económico como el actual. En el juzgado de Bonadio también se investiga:

-Al abogado Patricio Esteban Miño, «actor en causas contra el Estado Nacional e impulsor de denuncias como apoderado de retirados penitenciarios y contra funcionarios públicos».

Perrotta explica que Miño, además, «es empleado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, de Formosa, funciones que son incompatibles entre sí».

–Juan Carlos Vallejos, que es el juez de Corrientes y es subrogante en los juzgados 1 y 2 de Formosa y a veces de Chaco, donde también se produjeron estas irregularidades.

Vallejos quedó a cargo del juzgado correntino después de ser destituidos los jueces Graciela Beatriz Duarte y Humberto de Biase Echeverría, por otorgar más de 17.000 medidas cautelares en favor de gendarmes y prefectos en una operatoria similar a la que ahora denuncia el jefe de auditores del SPF.

Fuera de la denuncia tampoco quedaron los responsables de velar por los intereses del propio SPF. «En relación a los auditores del Servicio Penitenciario Federal, la desidia con que afrontan la defensa de los intereses del Estado Nacional deja ver que puede existir una participación efectiva y necesaria en la cadena de antijurídicos que en la presente se denuncia».

En párrafo seguido se abunda: «Podemos señalar que los letrados del Servicio Penitenciario Federal no instan de manera correcta sus defensas, pero lejos de encontrarse incursos en alguna figura del tipo culposa podemos observar incompatibilidades o conflictos de intereses que la Ayudante de Tercera doctora Andrea Anahí Olmedo (Credencial 35.939) y el Adjutor abogado Guillermo Antonio Pereira (Credencial 37.612) recién advirtieron la maniobra delictiva cuando esta instrucción se hizo presente en la Sede de la Unidad 10, Prisión de Formosa, en la Ciudad y Provincia homónima durante los primeros días del mes de marzo del corriente año».

Indagatorias

Por todas estas anomalías, el SPF, a través del Departamento de Asuntos Internos ya le solicitó al juez Bonadio que «se cite a los funcionarios identificados, a los abogados apoderados de las partes actoras y –de corresponder- al juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal 1 y 2 de la Provincia de Formosa –Juan Carlos Vallejos- y a su secretario –Edgardo Juvenal Dantiak- a prestar declaración indagatoria y a tenor de lo que exponga, oportunamente se la procese elevando estas actuaciones a un Tribunal Oral que por sorteo corresponda».