El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a 25 imputados, entre ellos a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, y el actual gobernador de chaqueño, Jorge Capitanich, en la investigación por presuntos delitos en la construcción de viviendas sociales del programa «Sueños Compartidos».

Paralelamente, en otra resolución, el magistrado dispuso también sobreseer a actuales y ex gobernadores e intendentes de distintas provincias y localidades al concluir que no cometieron delito al firmar los convenios para la ejecución de viviendas que quedaron a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según la resolución a la que accedió Télam.

Entre los sobreseídos están Gerardo Zamora, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez.

Todos tenían falta de mérito y ahora el magistrado los sobreseyó porque entendió que «los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación», según sostuvo en el fallo.

«Las provincias y municipios fueron relegados en este aspecto a un rol inerte», agregó a la hora de analizar la «suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, circunstancia que permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender«, como apoderados, «manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos» de los cuales, según la acusación, se habrían desviado «206.438.454,05 de su destino específico».

En cuanto al sobreseimiento de María Alejandra Bonafini, la exministra de Economía Felisa Miceli y la expareja de Sergio Schoklender, Viviana Sala, el magistrado concluyó que «no existe indicio alguno que permita suponer que los imputados cuya situación aquí nos ocupa hayan tenido un rol protagónico en la maniobra o en la dirección de las empresas con las cuales se vincularon algunos de ellos y que fueron utilizadas para perpetrarla”.

El juez determinó que la prueba de la causa «no resulta de relevancia ni determinante para responsabilizarlos por los hechos».

«Las personas sobre las cuales versa este resolutorio, más allá de los cargos societarios que supieron ostentar o la labor que se les asignó dentro de la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, no pueden por sí ser prueba irrefutable de su conocimiento acerca de la maniobra que llevaron adelante quienes hoy enfrentan un juicio oral”, concluyó el juez.

Se trata de una parte de una investigación que aún está en etapa de instrucción, ya que el tramo central fue enviado a juicio oral y tiene como acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, entre otros imputados.